Se leerá el comunicado de defunción, firmará un formulario y pondrá el sello final. No se espera otra cosa del acto oficial de desmovilización de Euskadi Ta Askatasuna (en español, País Vasco y Libertad ETA), la última organización armada que queda en la vieja Europa, anunciado para hoy en la localidad vasco-francesa de Cambo-les-Bains, municipio de 7.000 habitantes situado a 15 kilómetros de la frontera.

Ni siquiera el motivo de que sea Francia y no España el lugar elegido para la histórica ceremonia carece de simbolismo.

París siempre observó el activismo etarra con otra perspectiva. Al principio, como un grupo de liberación que luchaba contra la dictadura franquista. Más tarde, cuando llegó la democracia, con muchas dudas para transformarse, al final, en una colaboración policial con las autoridades españolas que apuntilló a una organización con 60 años de historia sangrienta: 829 muertos, el 98% se cometió en España.

Cierto es que nadie olvida tampoco la guerra sucia practicada por las cloacas del Estado en tiempos de Felipe González: Decenas de asesinados, torturados y secuestrados por mercenarios a sueldo, muchos ya están en libertad. Una cronología terrible que arrancó en 1958 y terminará hoy.

“Creo que su disolución final debe permitirnos dar pasos hacia adelante. A todos. Para escribir la historia juntos y no reescribirla cada uno por su cuenta”, indica el socialista francés Mathieu Berge, consejero de la Región de Aquitania y figura imprescindible en el proceso de desarme unilateral que realizó la banda hace siete años.  

Como explica Jean-Noel Etcheverry, un reconocido militante del ecologismo vasco-francés, el ejecutivo de Mariano Rajoy no bate ni una pestaña ante el fin de la tremebunda historia escrita por ETA. Se limita a repetir que “los terroristas no deben esperar ninguna contrapartida por ello” a los que solo les espera su aplastamiento.

Ni siquiera sirve el comunicado realizado el pasado 20 de abril entonando el mea culpa, duramente censurado por un sector minoritario de disidentes. Las brasas de la ira aún humean tras tantos años de violencia sectaria.

“Sin embargo, a partir de ahora deberá aplicarse el derecho y exigir una política de Estado que ayude a cerrar de forma correcta un conflicto que causó mucho daño en todo el país”, reclama la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Mónica Hernando, en diálogo con EL TELÉGRAFO.

La realidad es otra. Con la llegada al poder del Partido Popular (PP) se instauró en España el estado de desafección total sobre este asunto, dejando que una ETA desactivada y acorralada se consumiera en la caldera en vez de facilitarle el acceso al implacable tribunal de la historia.

Dan igual los motivos que empujan al gobierno a mantener una actitud inflexible que en otras partes del mundo sería discutida.

Sucede en Irlanda del Norte con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y ahora en América con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero en España no en exceso.

La pregunta crucial es por qué ETA tardó más de un lustro en anunciar su desmovilización en España y qué papel desempeñó Sortu, su brazo político, integrado en la coalición EH Bildu que cuenta con dos diputados en el Congreso.

Si se observa con detenimiento la evolución sufrida por la izquierda independentista vasca en los últimos años descubrirá que recuperó el apoyo electoral que perdió durante los tiempos más duros del conflicto, un período que abarca de 1980 a 2005, el que denominan “Los años del plomo”.

Quizá el obstáculo más determinante en el proceso de adiós a las armas fue el atosigante trabajo desempeñado por el Estado contra ETA, desde el poder político hasta el policial.

En 15 años desguazaron a una banda que llegó a contar con seis comandos dispuestos a matar en cualquier parte del país. “En este sentido, el apoyo recibido por el gobierno desde la Unión Europea y otras instancias internacionales, cansados de la existencia de un terrorismo sin argumentos de opresión económica ni territorial, también fue determinante”, sentencia un exmilitante.

Los ideales de independencia
También tuvo su incidencia la aparición de Podemos en el escenario electoral. La energía de su desembarco comenzó a modificar el caladero de insatisfacción social que nutría a la izquierda independentista vasca.

La población vasca menor de 40 años representa hoy el 34% del censo, un espacio demográfico que fue ocupado durante años por el mundo abertzale con mensajes que asociaban la soberanía y la agenda social.

El cambio más radical llegó con la ruptura de la dicotomía histórica existente en Euskadi entre nacionalismo y constitucionalismo por parte de una nueva generación de votantes con un perfil ideológico más proclive a entrar de cabeza en ese puzzle de nacionalidades que es España.

Aunque parezca generalizado, muchos de estos jóvenes politizados son profesionales surgidos del entramado cooperativista, algunos con formaciones técnicas complementarias que a nivel laboral tienen salidas más que aceptables en el entramado industrial vasco.  

“Buena parte de los votantes de Podemos tienen este perfil y eso es algo que preocupó no solo a EH Bildu, sino al PSOE y al nacionalista moderado PNV, que también pescaba apoyos de este sector de la población enarbolando banderas”, asegura el consultor Iván Redondo. Sin embargo, tras el adiós a las armas anunciado en 2011 la izquierda independentista recuperó gran parte del terreno que le arrebató el hastío de la violencia y hoy ocupa el segundo puesto en el Parlamento autonómico.

Se está rearmando en clave de la lucha social, la que identifica a la izquierda.

Hay un tercer factor determinante que explica el epitafio de ETA. Quizá se trata de la más sensible a nivel interno: Los presos.

En la actualidad, 245 militantes de la banda están encarcelados en España, algunos con sentencias interminables por delitos sangrientos, que se encuentran desperdigados por los 44 centros más alejados de sus lugares de nacimiento. La ley estipula que deberán cumplir íntegramente sus penas, muchos de ellos con 30 y 40 años por delante.

“Más que una evolución, hay una involución. Estamos en una situación peor que cuando ETA estaba en activo”, afirma el portavoz del colectivo ciudadano Sare, Joseba Azkarraga.

La jornada, la última en esta dramática historia, era el paso ineludible que la sociedad exigía a ETA. Las dificultades para lograrlo son extremas, pero, tras casi seis décadas de violencia descarnada, un acto simbólico de defunción a estas horas cuenta más bien poco. (I)