Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y un aumento del 22% con respecto al año 2010.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados ayer revelan el impacto que la crisis económica y el desempleo han tenido en la pérdida de viviendas, bien porque el inquilino no paga el alquiler o porque el propietario no es capaz de abonar su hipoteca al banco.

La región más afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244.

Las estadísticas se dan un día después de que el Congreso español aprobara un decreto de ley destinado a tratar de atenuar los problemas de desahucios e impagos hipotecarios que actualmente sufren muchas familias en España, entre ellas las formadas por inmigrantes en situación de desempleo.

El decreto define qué características debe cumplir un cliente bancario para ser considerado en riesgo de exclusión, como que la vivienda afectada sea única y habitual, que todos los miembros de su familia estén desempleados y que la hipoteca consuma el 60 por ciento al menos de los ingresos que percibe.