Mientras el presidente Michel Temer es acusado de liberar $ 5.000 millones de partidas presupuestarias para comprar el apoyo de diputados para enfrentar una votación clave, el 2 de agosto, que puede sacarlo del poder, parte de la coalición derechista que lo respalda apuesta por reformar el sistema y convertir a Brasil en un país parlamentarista.

La adopción del sistema parlamentario fue derrotado en un plebiscito en 1993, pero es colocada por dirigentes de la centroderecha como una opción para evitar los colapsos institucionales que registra el país.

“Nuestro presidencialismo se agrandó demasiado, tenemos más de 30 partidos y eso debe reducirse para que el sistema se consolide”, dijo el juez del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, exabogado del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y un aliado clave  de Temer.

Por otro lado, hay lecturas que indican que como la centroderecha no vence una elección presidencial desde 2002, el parlamentarismo es el atajo para evitar liderazgos.

Esta discusión se produce en medio de la maraña generada por la condena contra Luiz Inácio Lula da Silva, la cual si es confirmada en segunda instancia puede inhabilitarlo de las elecciones del próximo año, siendo el favorito en las encuestas.

Y, sobre todo, porque la segunda opción según las encuestas es el ultraderechista diputado y exmilitar Jair Bolsonaro, una suerte de emergente de la antipolítica que adhiere a teorías del presidente Donald Trump como de la francesa Marion Anne Perrine Le Pen.

En tercer lugar aparece, en caso de que no dispute Lula, la exministra de Medio Ambiente, Marina Silva, del partido Rede, quien avala la agenda de reformas de corte neoliberal contra lo que sostiene toda su fuerza política en el Congreso.

La idea pertenece al candidato dos veces derrotado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), José Serra, excanciller del gobierno de Temer, que fue el articulador principal en el Senado del juicio político contra Rousseff.

Serra, además, es investigado por el Supremo Tribunal Federal por haber recibido en cuentas suizas $ 7,5 millones por parte de Odebrecht, según narraron los delatores de la empresa constructora.

“Mi plan es que se implemente a partir de 2022”, dijo Serra a periodistas. El caso fue elevado y el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, decidirá qué velocidad le imprime a una comisión especial que aborde el asunto.

Ocurre que el Congreso es la institución con menor credibilidad del país y el parlamentarismo coloca al Poder Legislativo como amo y señor. Entre los que impulsan esta propuesta está el partido conservador Demócratas, al que pertenece el posible sucesor de Temer y número dos del país, Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados.

El partido que es heredero del Arena, que le daba respaldo civil a la dictadura militar, abrazó el proyecto de Serra: “El parlamentarismo es una vacuna anticrisis: el primer ministro no necesita hacer concesiones al populismo para gobernar, ya que es elegido por parlamentarios”, dijo el ministro de Educación de Temer y dirigente de Demócratas, Eduardo Mendonça Filho.

El exministro de Cultura, Roberto Freire, expuso como ejemplo a Portugal: “En Portugal el sistema recibe críticas porque se forma Gobierno con acuerdos de mayorías, pero el Gobierno cae si uno de los partidos que apoyó inicialmente sale de la base, entonces cada partido tiene más responsabilidad y se forma un Gobierno más estable”.

El parlamentarismo intentó ser incorporado en Brasil en 1963, como parte de una estrategia para evitar que asumiera la presidencia el vicepresidente laborista, Joao Goulart, derrocado el 31 de marzo de 1964 por un golpe militar que instaló la dictadura hasta 1985.

“Los brasileños ya rechazaron la idea del parlamentarismo en plebiscitos en 1963 y 1993. Adoptarlo sería un golpe contra la soberanía popular. Es sorprendente que esta idea regrese siempre de modo oportunista en momentos de crisis y en vísperas de elecciones presidenciales”, dijo al diario Folha de Sao Paulo el historiador Luiz Felipe de Alencastro, profesor emérito de la Sorbonne y de la Escuela de Economía de la Fundación Getulio Vargas, de Sao Paulo.

Juez bloquea cuentas de Lula

En tanto, el juez brasileño Sergio Moro ordenó el bloqueo de bienes bancarios y propiedades del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, tras condenarlo hace una semana a nueve años y medio de cárcel por corrupción.

Moro evaluó en 13,7 millones de reales ($ 4,3 millones) el monto de los bienes que deben ser bloqueados para “garantizar la reparación del daño”, por lo cual ordenó el embargo de tres apartamentos, un terreno y dos automóviles del exmandatario, así como de sus cuentas bancarias. (I)