Corte suprema de Brasil posterga decisión sobre asunción de Lula como ministro
La corte suprema de Brasil postergó el miércoles la decisión acerca del bloqueo que impide al expresidente Lula asumir como ministro del gobierno de Dilma Rousseff, en un nuevo golpe para la mandataria que lucha por evitar su destitución.
"Por mayoría, la corte deliberó en el sentido de postergar el juzgamiento", declaró el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, después de que uno de los 11 magistrados del panel pidiera que todos los recursos recibidos sobre el mismo caso fueran tratados posteriormente en una sola sesión.
El tribunal no fijó una nueva fecha para deliberar sobre el caso.
Luiz Inacio Lula da Silva, figura emblemática de la izquierda y padre del llamado milagro socioeconómico brasileño de la década pasada, fue nombrado el 16 de marzo ministro Jefe de la Casa Civil -una suerte de jefatura de gabinete- para salvar a Rousseff de un proceso de destitución que en ese momento estaba en ciernes en la Cámara de
Diputados, finalmente aprobado el domingo y enviado al Senado.
Pero poco después un juez del STF dejó en suspenso la asunción al sospechar que se trataba de un subterfugio para entorpecer una investigación de la justicia ordinaria que buscaba determinar si Lula se benefició de una red de corrupción en Petrobras y protegerlo con fueros privilegiados de un potencial pedido de detención.
Con la postergación adoptada por el STF este miércoles, la eventual habilitación para que asuma podría llegar demasiado tarde para Rousseff.
El expresidente (2003-2010) debía incorporarse al gobierno armado de su carisma y su talento negociador para batallar contra el proceso de destitución, que si es ratificado a mediados de mayo por el Senado separaría transitoriamente a Rousseff de su cargo a la espera de una sentencia final.
En ese caso, su exaliado y ahora rival, el vicepresidente Michel Temer, asumirá el poder inmediatamente.
Si Rousseff es hallada culpable tras el juicio político, dejará el poder definitivamente y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por hasta cinco años. (I)