La batalla por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff ha calentado más el clima político en Brasil, sobre todo porque el Tribunal Supremo Federal detuvo en una decisión de urgencia el inicio del proceso de juicio político contra la mandataria que planificaba la oposición en la Cámara de Diputados.  

Dos ministros de la máxima corte de Brasil le pusieron un freno al llamado “golpe a la paraguaya” que trama la oposición y el hoy decadente “todopoderoso” presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

Cunha es el cazador-cazado debido a que en busca de la destitución de Rousseff en el camino está acusado de no declarar cuatro cuentas millonarias en Suiza, fruto de sobornos de una empresa en el escándalo de corrupción de Petrobras.  

Cunha pertenece al aliado del gobierno Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña, pero pasó a la oposición cuando comenzó a investigarlo por supuesta corrupción y tiene 9 pedidos de juicio político por improbidad administrativa contra Rousseff.

El pedido más firme es el que habla de maniobras fiscales condenadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión realizadas en el presupuesto de 2014 para pagar planes sociales. Cunha se alió al derrotado candidato presidencial Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y al ultraconservador Demócratas, que ahora quieren enjuiciar a Rousseff por supuestas maniobras fiscales realizadas en el año en curso.

El propio Cunha postergó para la próxima semana este último pedido, mientras negocia su permanencia en el cargo frente a la ola de acusaciones, tanto con la oposición como con puentes tendidos con el gobierno, ya que pese a ser opositor, pertenece a la fuerza del vicepresidente Michel Temer.

Dos jueces de la corte aceptaron pedidos del oficialismo para que la oposición no lleve al recinto el pedido de juicio político por considerarlo una maniobra inconstitucional de la oposición sin el aval de Cunha o del titular de la Cámara Baja. “No hay fundamento jurídico, las cuestiones no se resuelven con rupturas institucionales ni con luchas fratricidas”, dijo el portavoz de Dilma, Edinho Silva.

Rousseff había convocado el lunes, un feriado, a todo su gabinete para cohesionar su base de apoyo en el Congreso y bloquear la iniciativa liderada por Neves, derrotado hace un año por Rousseff por poco menos de 3 por ciento de los votos en segunda vuelta.

Según explicó a EL TELÉGRAFO una fuente parlamentaria, el regimiento del juicio político funciona de la siguiente forma: primero debe ser evaluado en comisión y luego tener el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados. Si ello ocurre, la presidenta deberá ser apartada del cargo para que el Senado la juzgue.

En ese marco, por la falta de admisión de que tenía cuentas millonarias en Suiza no declaradas, Cunha será denunciado ante la comisión de ética por falta de decoro por parte del izquierdista Partido Socialismo y Libertad en la Cámara de Diputados.                                    

Dilma había calificado como un golpe “democrático a la paraguaya” los movimientos de Cunha y el PSDB de Neves y el expresidente Fernando Henrique Cardoso para sacarla del gobierno, durante una reunión de gabinete de la semana pasada.            

La comparación fue hecha en referencia a la destitución exprés que el Congreso paraguayo hizo en junio de 2012 del presidente constitucional Fernando Lugo, quien estaba enfrentado con su vicepresidente, Gustavo Franco, maniobra que le valió la suspensión a Paraguay del Mercosur por casi dos años. La salida de Lugo se dio cuando en Río de Janeiro Rousseff comandaba la cumbre de presidentes del foro global Río+20, y se empezaba a hablar de la reducción de la influencia de la cancillería brasileña en un país vecino y socio como Paraguay.

La declaración de Dilma fue hecha en un pedido a sus ministros y al propio vicepresidente Michel Temer, quien hace un mes perdió parte de la confianza al declarar que no sabía si Dilma podía aguantar hasta el fin de su mandato, 2018,  con la popularidad tan baja.  

El “golpe paraguayo” citado en la reunión le causó al gobierno brasileño un reclamo de la cancillería paraguaya, que defendió la destitución de Lugo por ser dentro del marco institucional.  

La similitud con Lugo apuntada por Dilma se basa en dos episodios que amplían la crisis al plano institucional: la investigación sobre los fondos de la campaña a la reelección de 2014, que fue autorizada incluso por magistrados que eran vistos como contrarios a esa tesis opositora por parte del Tribunal Superior Electoral. Esto puede llevar a la suspensión de la fórmula vencedora.     

En el otro plano, el Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano del Poder Legislativo, recomendó rechazar las cuentas de 2014 por haberse ejecutado maniobras para detener el déficit fiscal y cubrir los gastos con los planes sociales, verdaderas locomotoras sociales del gobierno y la marca de gestión del Partido de los Trabajadores desde 2003.

La decisión del tribunal de cuentas fue “una de las más escandalosas operaciones mediáticas” de Brasil, dijo el cientista político André Singer, exportavoz del presidente Luiz Lula da Silva en su primer gobierno. Según Singer, el gobierno no fue irresponsable con las cuentas públicas y debe salir a gritarlo. Pero la maniobra, según dijo, se basó en que el juzgamiento coincidió con el Jornal Nacional, el principal telediario del país, de la opositora cadena Globo, famosa por haber manipulado hasta debates electorales contra el PT y respaldado civilmente a la dictadura.

El PSDB de Neves está en una encrucijada ética: comanda la opinión mediática contra Dilma, pero al haber abrazado a Cunha, ahora con sus cuentas en Suiza reveladas, podría parecerse al llamado “abrazo del oso”, aquel que puede llegar a dejarlo sin respiración. (I)