Corte chilena acepta tramitar recursos contra proyecto eléctrico HidroAysén
La Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, aceptó este lunes tramitar tres recursos de protección contra HidroAysén, un proyecto hidroeléctrico que involucra la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena, informaron fuentes judiciales.
De forma paralela, el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar incluida por los recurrentes, lo que supone la paralización temporal de las obras del proyecto, hasta que sea fallado el fondo de los recursos.
El recurso de protección se refiere a la vulneración de derechos constitucionales y, en este caso, los recurrentes, entre los que figuran dos senadores, dos diputados y varias organizaciones ambientalistas y sociales, sostienen que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente limpio.
HidroAysén, a cargo de un consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún, entre otras empresas, involucra una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5.000 hectáreas para la construcción de 5 represas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica.
El proyecto, rechazado por organizaciones ecologistas y parte de la comunidad de la región de Aysén, fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.
Desde entonces, en Santiago y otras ciudades de Chile se han sucedido las manifestaciones contra el proyecto, que han congregado a decenas de miles de personas, mientras el consorcio empresarial ha desplegado una campaña publicitaria para defenderlo.
La Corte de Puerto Montt, que corresponde a la región de Los Lagos, al norte de Aysén, asumió la competencia de los recursos contra HidroAysén después de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la capital de la región involucrada, se inhabilitó para tramitarlos.
Como primera medida, el tribunal portomontino pidió a Pilar Cuevas, presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, que en un plazo de cinco días informe respecto de las denuncias de que la aprobación del proyecto fue "arbitraria".