No es ningún secreto que los países del norte enfrentan hoy una profunda crisis sistémica. Los análisis suelen representarla como un fenómeno económico atmosférico, “neutro”. Por el contrario, la crisis debe ser entendida también como ofensiva política.

En primer lugar, debe ser entendida como operación de desposesión de las capas subalternas y de redistribución regresiva de la renta. Esta primera vía se efectúa gracias a: 1) políticas económicas en pro de una matriz productiva sin trabajo digno para las mayorías, 2) políticas de entronización de las finanzas que desmaterializa la economía, y que sólo en contada dosis, requiere a las mayorías como objeto de crédito de consumo (o hipotecario), y 3) políticas de transferencia masiva de dinero público a (unas pocas) manos privadas. Pero, en un segundo lugar que a menudo pasa desapercibido, la crisis también debe ser entendida como reestructuración política de los Estados centrales de la economía-mundo, como ruptura de los pactos ya erosionados de posguerra y como realización del viejo sueño por parte de las élites de un mando unilateral del capital supranacional, que va cancelando o arrinconando las instituciones o mediaciones que hacían de contrapeso “popular” en los Estados capitalistas.

En ese sentido, se vive en los Estados europeos, en particular en los del sur, en la periferia europea, un proceso acelerado de “oligarquización” de sus sistemas políticos. Esto es, de primacía de los poderes no elegidos democráticamente, en un estrechamiento de las posibilidades de decisión democrática, manifestado de dos formas: 1) con la reducción de la soberanía popular a un principio legitimador del recambio periódico de élites, internas todas a un mismo bloque de poder marcado por la primacía del poder financiero, y 2) la ilusión de una política sin antagonismo, sin opciones enfrentadas y, finalmente, sin las pasiones de masas, entregada ya a una mera actividad de administración “técnica” en manos de expertos.

Al presentar como “técnicas” razones necesariamente políticas, como la decisión sobre dónde y a quién recortar, las prioridades de gasto en uno u otro sector o los valores ideales que rigen la convivencia colectiva, la postpolítica pone las ideas dominantes a buen recaudo de la discusión política y por tanto del alcance popular. No obstante, esta dinámica postpolítica hoy se presenta fundamentalmente presidida de un chantaje que la constituye: el de la emergencia económica. El discurso dominante de la crisis como fenómeno no político y casi meteorológico, en el que no cabe encontrar causas, víctimas ni culpables o intereses contrapuestos. La situación de “excepcionalidad económica” justifica prácticamente cualquier medida adoptada.

En Europa, el proceso de integración no fue ajeno al proceso neoliberal de la financiarización, donde las finanzas ejercen un control dominante sobre la economía, a partir de creación de valor no material, ficticio, con absoluta independencia del valor real productivo. Un dato es suficiente, 708 billones de dólares en derivados financieros.  Y en este marco, España hizo todo lo acordado en medio de esta nueva arquitectura neoliberal mundial que somete a la política a una economía para unos pocos. España construyó un orden político estable como resultado del pacto entre las izquierdas mayoritarias y las élites del franquismo, y asumió su papel en la división internacional del trabajo de la UE.

La crisis hace tambalear el pacto de reparto de ganancias entre las transeuropeas, tanto centrales como periféricas. El negocio se estrecha en comparación con periodos de gran big bang económico. He aquí donde el capitalismo se reforma o se reinventa. Los técnicos se ponen a ello, la política queda subordinada a variables y parámetros decididos en otro lugar, lejos de la soberanía popular. Ante este escenario, crítico y en transición, el neoliberalismo se reacomoda sin desaparecer del todo. Las políticas económicas son un hibrido de “neoliberalismo plus” más “intervencionismo selectivo”., aparentemente contrapuestas, pero que conviven armoniosamente en busca del objetivo común, el nuevo pacto de la ganancia para las grandes empresas. Por un lado, existe ese Intervencionismo Selectivo (en palabras de Kotz, se llamaría capitalismo corporativo); el estado vuelve a injerirse, pero ahora para salvar a esa super entidad sostén del actual sistema económico. En España, este recién definido Intervencionismo selectivo, que reescribe la refuncionalidad del Estado, se observa con absoluta nitidez en el caso del sistema financiero.

España, bajo la política del pacto de élites, intervino, en una primera etapa, con su salvataje bancario a partir de préstamos a la banca con fondos públicos (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB), a un tipo de interés muy bajo, usado posteriormente para seguir prestando a interés alto, incrementado así la tasa de beneficios. Por otro lado, ese neoliberalismo plus es una salida neoliberal a la crisis de neoliberalismo. Esto es, la profundización del neoliberalismo en la periferia disponible. El consenso de Washington, por ejemplo, se aplicó en América Latina, una periferia controlada. Ahora no. Ahora es una región más soberana, más emancipada, más integrada, que decide insertarse estratégicamente en el mundo multipolar. Ya no es periferia disponible. Por el contrario, en el seno europeo, la periferia disponible es por ejemplo España gracias a la integración neoliberal con múltiples vértices, monetario/productivo/comercial/financiero/fiscal. Es entonces cuando Alemania usa a la Unión Europea para imponer su revisión del programa neoliberal “clásico” –somos conscientes de la paradoja-, una suerte de nuevo consenso neoliberal del siglo XXI.

La periferia europea sigue siendo objeto de sus planes de (des)ajuste y (des)estabilización.  Esta nueva fórmula política periférica, mezcla del viejo capitalismo corporativo con “revisión neoliberal del neoliberalismo”, permite así contribuir a un nuevo negocio para los acreedores de la deuda, fundamentalmente la banca privada de los países centrales en Europa, Alemania y Francia. El caso español es de nuevo un buen ejemplo: la deuda pública pasa de estar en 37% del PIB en el año 2007 a un 68,5% en el 2011 (con proyección del 79% en el 2012). La deuda total en 2010, según el Bando Internacional de Pagos, asciende al 400% del PIB, donde la deuda de las empresas representan el 63% de este valor (las familias el 21% y la pública el 16%). El pago de la deuda se convierte en el eje de la política pública; entre 2007 y 2012 el pago de intereses de deuda pública ha crecido un 80,3%, pasando de 16.000 millones de euros a 28.848 millones.

Una nueva etapa de este corralito democrático es lo producido ayer: el rescate a cargo de la troika europea (UE, BCE y FMI para hundir a la economía española. Un nuevo sometimiento de la población a favor de saldar la deuda privada de la banca española para con la banca alemana (y francesa). Basándose en un cónclave aparentemente técnico, evaluadores independientes aunque dependientes de las mismas estructuras de poder capitalista, consideran que son necesarios 100.000.000.000 de euros para sanear las denominadas entidades financieras sistémicas (super entidad capitalista). Este préstamo concedido no es directo a la banca privada para así no asumir el correspondiente riesgo de impago, sino que se hace a través del FROB, del Estado, de tal manera que mientras se pague o no, el préstamo será más deuda pública y el pago de intereses se hará con cargo al déficit público. Para entender las consecuencias de este "rescate", no obstante, es preciso relacionarlo con la aprobación de una reforma constitucional, acordada –como siempre- en el verano pasado por PP y PSOE y hurtada a la discusión popular, que da prioridad a los pagos de la deuda por encima de cualquier gasto social (artículo 135). Este es el dato crucial que hace del rescate un verdadero chantaje y que abre las puertas de nuestra particular "memoria del saqueo", que antes veíamos por la televisión sobre América Latina.

En sustitución de un presidente del Gobierno insólitamente escondido, el ministro de economía español y ex consejero de Lehman Brothers, Luís De Guindos, afirmaba que no habrá condicionantes macroeconómicos ni ajuste fiscal requerido ante tal préstamo, y ¿cómo contabilizará este trasvase de deuda privada a deuda pública en los próximos presupuestos? Por tanto, el viejo consenso de Washington se rejuvenece; el FMI vuelve a sus andadas augurando décadas sin democracia, ni económica ni política.

*Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS
**Doctor en Ciencia Política, Consejo Directivo Fundación CEPS