El líder de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, afirmó hoy que archivó 3 de 13 peticiones de juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por falta de evidencias concretas.

Restan ahora 10 solicitudes por analizar por la presidencia de la Cámara, resaltó Cunha, quien la semana pasado rechazó otras 4 peticiones de este tipo por carecer de fuerza legal.

Entre las reclamaciones pendientes presentadas ante ese órgano del Congreso nacional aparece una de un grupo de juristas que recibió el apoyo de bloques de oposición.

Según el máximo representante de los diputados, algunos de los proyectos en contra de la gobernante no cumplían las mínimas condiciones exigidas por la ley.

El reglamento interno de la Cámara otorga al líder de ese órgano el poder de decidir por sí solo la apertura o no del proceso de juicio político.

Sin embargo, en declaraciones realizada la semana pasada, Cunha dijo que no está en sus manos decidir si un jefe de Estado puede ser considerado responsable de los actos cometidos en un mandato anterior, lo cual motivó pronunciamientos en su contra de parte de legisladores aliados del gobierno.

A pesar de que rechace los reclamos de enjuiciamiento de Rousseff por su presunta responsabilidad en actos irregulares ocurridos en su mandato anterior (2011-2014), la oposición puede presentar una apelación ante una sesión plenaria y demandar la instalación de una Comisión especial para analizar este caso, indicó.

Para esto necesitarán del respaldo de 342 de los 513 miembros de la Cámara baja, subrayó.

El máximo representante de los diputados destacó que se trata de una cuestión de mérito, que solo podrá ser analizado por los miembros de ese órgano legislativo.

Un documento firmado por legisladores de los partidos de la Social Democracia, Demócrata, Solidaridad, Social Cristiano, Laborista, y Popular Socialista revela la intención de procesar a la gobernante por irregularidades registradas en las cuentas públicas en 2014.

La oposición cuestiona presuntas anomalías cometidas por el anterior gobierno, que son juzgadas por el Tribunal de Cuenta de la Unión y que podrían conducir a acusar a la jefa de Estado de responsabilidad fiscal por atrasar la entrega de recursos a los bancos para los programas sociales.

Tal imputación es refutada por la Orden de Abogados de Brasil y el ejecutivo, que señalan que tal procedimiento no es una violación, pues fue realizada por anteriores administraciones sin conllevar a acusaciones algunas.

En el caso de que los legisladores consigan los votos necesarios para iniciar un juicio político contra la jefa de Estado, la Presidencia de la República adelantó que recurrirá al Supremo Tribunal Federal, debido a la carencia de argumentos jurídicos y pruebas solidas para impulsar un proceso de este tipo. (I)