El arresto del senador Delcídio do Amaral dejó en estado de shock al Congreso brasileño, donde una veintena de legisladores son investigados hoy por supuesta complicidad con el escándalo de corrupción en Petrobras.

Los salones del legislativo quedaron vacios y la incertidumbre colmó esa casa después de la sesión extraordinaria del miércoles último, en la cual una mayoría de senadores votó por mantener en prisión a do Amaral.

Acusado de intentar obstruir las investigaciones sobre el esquema de desvío de dinero y contratos inflados en la petrolera estatal, el senador fue detenido por la Policía Federal, por orden del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, a pedido del Procurador General de la República (PGR), Rodrigo Janot.

Se trató de un hecho inédito en la historia democrática de este país, que llevó a los políticos y jueces a interpretar la Constitución, la cual otorga amplios privilegios a los congresistas.

La revelación de la Procuraduría de que el senador del Partido de los Trabajadores ofreció dinero a Néstor Cerveró, exjefe del área internacional de Petrobras, para que no los mencionara en sus declaraciones a la justicia, sorprendió a sus colegas.

Voceros de partidos aliados y de la oposición manifestaron que quedaron boquiabiertos con las denuncias en contra do Amaral, quien gozaba de simpatía en dicho hemiciclo.

El gobierno anunció asimismo en un comunicado que tomó cuenta de este asunto y busca ahora otro legislador para que se encargue de representarlo en el Senado, pues esta tarea era realizada por el parlamentario arrestado.

La directiva de esa casa analiza por su parte el próximo paso a dar, pero reconoce que existe incertidumbre en torno a si procede discutir la destitución del senador o esperar por el avance de las pesquisas.

Esta situación provocó también la suspensión de la votación de un paquete de ajuste fiscal en dicho órgano, lo cual pone en aprietos al gobierno, el cual necesita de esas disposiciones para ejecutar sus recortes en gastos antes del cierre de este año.

Los ministros de Planificación, Nelson Barbosa, y de Hacienda, Joaquim Levy, se reunieron ayer con el líder de esa casa, Renan Calheiros, y solicitaron agilidad en la deliberación del grupo de propuestas gubernamentales.

La prisión del senador preocupa a otros miembros del Congreso que tienen cuentas pendientes con la justicia por supuesta implicación en el caso de Petrobras, pues quedó evidenciado que el STF desea combatir la corrupción sin medir privilegios.

Entre los presuntos liados en estos sucios manejos aparecen las máximas autoridades del Congreso, Calheiros y Eduardo Cunha, así como el senador y expresidente del país Fernando Color de Mello. (I)