El Congreso brasileño suspendió esta madrugada una sesión después de mantener 26 de los 32 vetos presidenciales a proyectos que generan gastos y se contraponen al plan del gobierno de cortar fondos para equilibrar sus cuentas.

Los debates y votaciones se iniciaron anoche y se extendieron hasta las primeras horas de este miércoles, lo cual permitió que se evaluaran la mayoría de las objeciones de la presidenta Dilma Rousseff a medidas legislativas.

La sesión fue suspendida después de que bloques de oposición y bancadas aliadas al ejecutivo cuestionaron la poca presencia de parlamentarios en el salón plenario, lo cual propició que el líder del Senado, Renal Calheiros, interrumpiera la reunión.

El máximo representante del gobierno en ese órgano, Delcídio Amaral, dijo que a pesar de la suspensión de Calheiros, el sustento a 26 vetos evidenció la recuperación de la fortaleza en el legislativo del grupo de apoyo a la administración federal.

"Para quien tenía dudas, hoy dimos una demostración de fuerza" y los números mostraban que íbamos a concluir los vetos, pero debido a la extensa sesión y la hora hubo problemas de quórum, subrayó.

Al anunciar el cierre de la sesión, el presidente del Senado informó que mantendrá un contacto con los líderes de bloques con miras a definir una nueva fecha para concluir los debates de las objeciones presidenciales a proyectos legislativos.

Entre los vetos mantenidos figura una propuesta sobre aumento de las pensiones y un nuevo procedimiento para la calcular el tiempo establecido de jubilación, que representaría un gasto extra en sus cuentas públicas.

El ejecutivo insistió en la necesidad de lograr el rechazo a las propuestas legislativas, pues un derrumbe de la mayoría de estas invalidaría parte del proyecto de ajuste fiscal, valorado en 26.000 millones de reales ($ 6.666 millones).

Entre los vetos pendientes de votación quedó un reajuste de hasta el 78% del salario de los servidores del poder judicial, lo cual se contrapone con el proyecto de la administración federal de congelar los sueldos para ahorrar fondos.

Se trata de uno de las propuestas que más preocupa a la administración federal, porque existe una fuerte presión del sector judicial y de las bancadas de la oposición para anular la objeción de Rousseff. (I)