En medio de una ola de denuncias en “off the record”, sin fuentes identificadas y de filtraciones selectivas de expedientes judiciales en casos de corrupción publicadas por los grandes medios de comunicación comerciales, el Congreso de Brasil aprobó una ley inédita que establece procedimientos rígidos para el derecho de respuesta por la persona o institución injuriadas en la prensa.

El proyecto es del exgobernador de Paraná y senador Roberto Requiao, del  ala izquierdista del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) y recibió la resistencia de los principales medios de comunicación que dominan el mercado publicitario y están alineados con la oposición.

“Cierta prensa irresponsablemente acusa, juzga y condena sin dar el derecho a la defensa. Esto ahora se acabó. No es censura, es garantizar la democracia. El contradictorio y el derecho de respuesta es democrático”, dijo Requiao, aliado del Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff.

La sanción se da a través de una campaña lanzada por los medios para reclamar o sugerir la investigación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en casos de corrupción. El exmandatario consideró “mentiras” textos publicados en la revista Epoca, del Grupo Globo, y de Veja, del Grupo Abril. Ambos conglomerados son alineados a la oposición conservadora y defienden la liberalización económica.

Según el proyecto, el ofendido por una noticia tendrá 60 días de plazo para pedir el derecho de respuesta, cada vez que el dato que signifique una ofensa se repita.

Al contrario de lo que existe actualmente -esperar una sentencia firme por daño moral para exigir rectificación en órganos de prensa- la nueva ley considera ofensivo el contenido que atente, incluso por error, contra la honra, intimidad, reputación, nombre o imagen de personas físicas o jurídicas. “La respuesta deberá ser del mismo tamaño que la nota considerada ofensiva”, estipula el texto, que autoriza a procesar por daños morales a quien está acusado de ofender.

Requiao dedicó la sanción al senador Luiz Da Silveira, fallecido en mayo pasado luego de enfrentar denuncias infundadas de que había usado su influencia para evitar esperas en tratamientos de hospitales públicos a personas conocidas. “Existe impunidad para atacar biografías, hacer juego político rastrero mediante la prensa y divulgar calumnias. Más importante que la reparación es el restablecimiento inmediato de la verdad”, dijo el jefe del bloque de senadores del PT, Humberto Costa.

El texto también deja a criterio de los jueces si es factible que un afectado por una mentira de la prensa pueda ser el mismo, en radio y en televisión, quien realice su derecho a la respuesta.

El diario O Estado de Sao Paulo, que apoyó a los candidatos presidenciales del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dice que el informe “pone en riesgo la libertad de expresión”.

En Brasil rige una ley de comunicaciones de 1963. Los grandes medios de comunicación privados y su poder de lobby impiden la regulación del sector en las cámaras del Congreso desde que esta se encuentra presente como una necesidad de la actividad de la comunicación en la Constitución de 1988. (I)