Venezuela fue declarada este miércoles nuevamente en default parcial por la agencia calificadora Santard & Poor's, esta vez por impago de dos bonos soberanos, complicando aún más una posible renegociación de su deuda externa.

"No realizó el pago de $ 237 millones sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026", cuyo período de gracia de 30 días venció el martes, subrayó la agencia en un comunicado.

S&P Global Ratings mantiene en "perspectiva negativa" la situación de pago de Venezuela, con reservas internacionales de apenas $ 9.700 millones: "El gobierno podría incurrir en nuevos impagos o apelar a un canje de deuda, lo que equivaldría al default, en los próximos tres meses", comentó.

"El tema tiende a agravarse, pues ya son varios los instrumentos que han entrado en mora. El gobierno debe aclarar rápidamente si es un tema operativo o de caja. La falta de un pronunciamiento genera incertidumbre", aseguró a la AFP el consultor César Aristimuño, experto en deuda.

S&P y Fitch ya habían declarado esta semana a Venezuela y a su petrolera estatal Pdvsa en default parcial, por retrasos con varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.

Los títulos de la petrolera representan 30% de la deuda externa venezolana, estimada en unos $ 150.000 millones, que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.

Pdvsa, que aporta 96% de las divisas de Venezuela, también fue declarada el 16 de noviembre en default por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) -que reúne a acreedores-, por tres retrasos en sus pagos, lo que activa el proceso de pago de seguros.

Aristimuño opina que la renegociación depende de que haya una propuesta clara del gobierno, al que los acreedores exigirán que tenga el aval del Parlamento -de mayoría opositora y desconocido por el Ejecutivo-, además de un plan de recuperación económica.

"Si no hay esas manifestaciones, los períodos de tiempo se le irán acortando al gobierno y puede verse enfrentado a demandas internacionales", agregó.

Las agencias calificadoras y analistas opinan que las sanciones del gobierno de Donald Trump contra Venezuela y varios de sus funcionarios complicarán -junto con los retrasos en los pagos- una negociación.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien sostiene que Venezuela es un "buen pagador", reiteró este miércoles que el país es "blanco de una persecución" financiera.

"Lo que está claro es que el mercado se enrarece y se llena de ruidos", afirmó el economista Luis Vicente León.

Venezuela debe cancelar unos $ 1.400 millones  en lo que resta del año y unos 8.000 millones en 2017.

Si Venezuela no cumple con sus obligaciones, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, y otros activos podrían ser embargados en litigios a los que se expondría, según Eurasia Group y otros centros de análisis.

Maduro nombró este miércoles presidente de Citgo a Asdrúbal Chávez, exministro de Petróleo y primo del fallecido Hugo Chávez, con la misión -dijo- de "reestructurar" la compañía tras el arresto de seis directivos por acusaciones de corrupción.

El martes, autoridades venezolanas detuvieron al presidente de la filial y a cinco vicepresidentes por haberla puesto en garantía en la renegociación de deudas, bajo condiciones "leoninas".

Especialistas petroleros como José Toro Hardy plantean que detrás de ello habría "una maniobra para desconocer esa garantía ante el default".

Aristumuño desestima esa posibilidad, al señalar que el gobierno no puede excusarse ante los acreedores alegando una mala actuación de la junta directiva de Citgo.

La corrupción, una producción en caída libre -1,9 millones de barriles diarios (mbd) frente a 2,27 mbd en 2016- y el uso de Pdvsa como un banco para financiar el gasto social, debilitaron a la compañía, otrora una de las cinco mayores del mundo, según expertos.

"Lo que más afecta es la caída de la producción de petróleo, que no le ha permitido beneficiarse de la recuperación de los precios", observó Aristimuño. (I)