El gremio Comunicadores de la Argentina (Comuna) manifestó su profunda preocupación ante los hechos desencadenados en ese país y el "rol de tergiversación y desinformación" que están jugando ciertos medios y periodistas argentinos, "con grave riesgo para las instituciones democráticas".

En un comunicado, Comuna sostiene que "la manipulación de conceptos, de figuras judiciales y de la información en general buscan empujar a la opinión pública a responsabilizar al gobierno nacional y específicamente a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, y a darle crédito a su acusación de encubrimiento a iraníes señalados como sospechosos en el atentado a la AMIA".

En el escrito destacan algunas de lo que el grupo denomina como "acciones de manipulación que contradicen todas las normas éticas y profesionales del periodismo". Entre ellas constan:

1.    La "imputación" a la Presidenta, palabra y título repetido mecánicamente por medios locales y por los internacionales que son parte de la misma maniobra de desinformación se reiteró desde el jueves después de la presentación del fiscal Gerardo Pollicita, que replica la mayor parte de la denuncia original de Nisman. En rigor, sin delito no puede existir imputación y lo que dice Pollicita es que hay que investigar si se cometió delito y, en ese caso, quiénes son considerados responsables.

2.    En estos mismos medios la descripción de la presentación de Nisman, oculta en la mayoría de los casos: a) que Interpol negó rotundamente que el gobierno argentino haya promovido la cancelación de órdenes de captura de iraníes; b) que los negocios comerciales como consecuencia del supuesto encubrimiento no existieron, y mucho menos la importación de crudo iraní, que por sus características no puede ser procesado en el país.

3.    Los relatos de las circunstancias de la muerte de Nisman tienden a minimizar o directamente censurar los informes oficiales o trascendidos que consolidan la hipótesis de un suicidio, y a reiterar y sobredimensionar datos que apuntalen la hipótesis de homicidio, porque este es un insumo indispensable para presentar al gobierno como criminal y, con ello, desestabilizarlo. Algunos datos son directamente inventados, como ocurrió con la distancia del arma al momento en que fue accionada.

4.    La trayectoria, precedentes y acusaciones que recaen sobre la mayoría de los convocantes de la marcha de protesta del 18 de febrero son puntillosamente ocultados, incluyendo los casos de Germán Moldes y Raúl Plee, involucrados en la causa del encubrimiento del atentado contra la AMIA. También se oculta que el susodicho Pollicita fue colaborador de Plee y está relacionado con Mauricio Macri, precandidato presidencial opositor.

5.    Todas las expresiones políticas de respaldo a la marcha contra el gobierno son publicadas, reiteradas y replicadas sin objeción. Todas las expresiones políticas que no adhieren a la marcha y a sus convocantes son catalogadas como oficialismo obsecuente o derivación de una presión gubernamental.
 
 6.    La afirmación permanente sobre injerencias y presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial contrasta con el silencio absoluto y, peor aún, con la convalidación expresa de la relación estrecha que Nisman mantenía con legisladores y dirigentes opositores.

7.    Las acciones judiciales dirigidas a afectar a la Presidenta y al gobierno son anticipadas invariablemente por los medios opositores, preferentemente el diario Clarín. Luego, esto es copiado por todos los medios de este grupo, por los demás medios cuyos empresarios comparten los mismos propósitos y por los medios internacionales que respaldan la maniobra. Así, se da el singular circuito que permite que los medios opositores locales lancen una versión, que ésta sea copiada acríticamente por “prestigiosos” medios internacionales y que, finalmente, los medios locales construyan una nueva “noticia” sobre cómo se relata este conflicto en el exterior.

Ante estos hechos de "extrema gravedad", Comuna convoca a periodistas y comunicadores a apegarse a los principios fundamentales del ejercicio de la profesión, "como son el rigor periodístico, la búsqueda de la verdad, la pluralidad e idoneidad de fuentes y el compromiso ineludible con la Constitución y las leyes, resistiendo y denunciando a los empresarios que pisotean todos estos principios en función de sus intereses sectoriales", finaliza el comunicado.