La audiencia de primera declaración en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, contra la estructura criminal creada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, tendrá lugar hoy en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Tanto el exgobernante como su exvicepresidenta (2012-2015) deberán comparecer una vez más ante el juez encargado de esa instancia judicial, Miguel Ángel Gálvez, para explicar todo lo relativo al cartel mafioso que formaron para captar financiamiento electoral mediante lavado de dinero y saquear luego las finanzas públicas.

Junto al exbinomio presidencial, en prisión preventiva hace meses tras ser acusados de defraudar las aduanas en el caso La Línea y de avalar un contrato irregular a cambio de un soborno millonario de la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), deben presentarse a la diligencia los 27 capturados por este nuevo caso.

Entre los sindicados por cooptar al Estado de Guatemala están dos exministros y un exdiputado, quienes tendrán que acudir este lunes a la sala de la Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Otros siete implicados continúan sujetos a órdenes de detención a nivel internacional y unos 20 prófugos de la justicia.

La complejidad de este caso, el poder que llegaron a acumular exfuncionarios y empresarios involucrados en él y la cantidad de implicados que deben asistir a la vista, motivaron que la CSJ extremara las medidas de seguridad para esta jornada y colocara autoparlantes fuera de la sala para facilitar el trabajo de la prensa.

Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), investigadores financieros develaron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota (PP) en 2011.

Esta maniobra, típica de redes político-económicas ilícitas, fue diseñada luego de la derrota en los comicios de 2007, permitió llegar a la presidencia a Pérez Molina y a Baldetti, y siguió funcionando durante la administración de ambos.

Es decir, no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal mafiosa que cooptó el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran el jefe de Estado y su vicepresidenta, aseveró la Cicig.

Como resultado, las instituciones claves del Estado fueron usurpadas por esa red mafiosa, que utilizó un esquema financiero con aparente legalidad en muchos casos, pero destinado a propiciar el enriquecimiento ilícito de sus miembros sin importar la precariedad en que quedaran las instituciones.

Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido, el PP, y es la máxima responsable del vaciamiento de las arcas estatales. (I)