El Congreso español aprobó este jueves una ley para facilitar la obtención de la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados del país por los Reyes Católicos hace cinco siglos, en tiempos de la Inquisición.

El gobierno conservador quiere reparar con esta medida el "error histórico" del exilio forzoso en 1492 de cientos de miles de judíos, que se vieron ante la disyuntiva de convertirse al catolicismo o ser quemados en las plazas públicas del país.

"Esta ley dice mucho de lo que fuimos en el pasado y de lo que somos hoy los españoles y lo que queremos ser en el futuro, una España abierta, diversa y tolerante", dijo el ministro de Justicia, Rafael Català, antes de aprobarse el texto.

"La decisión del Parlamento español respeta la larga historia de los judíos de España. La decisión tomada fortalecerá las relaciones entre Israel y España", celebró la viceministra de Exteriores israelí Tzipi Hotovely.

La ley, elaborada en octubre, permitirá obtener la doble nacionalidad a los judíos con ancestros españoles, conocidos como sefardíes. Anteriormente podían obtenerla únicamente si residían en el país y renunciaban a su ciudadanía anterior.

A partir de ahora, los sefardíes conservarán la nacionalidad que tengan aparte, y gozarán así de los privilegios reservados a los ciudadanos de las antiguas colonias españolas en Latinoamérica y a los de Andorra y Portugal.

El proyecto tenía el apoyo de los grandes partidos españoles y fue aprobado sin dificultad. El gobierno estima que unas 90.000 personas pedirán la ciudadanía aunque desconoce cuántos reunirán los criterios necesarios.

"Es un día histórico, es un día importante, es un día emocionante", dijo a los periodistas el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, en las escaleras del parlamento poco antes de la votación.

"Se abre una nueva era en las relaciones entre el mundo judío y la hispanidad. Quizás con algo de retraso, quizás 500 años, pero España acude a la cita", añadió este sefardí nacido en Marruecos, cuyos ancestros se refugiaron en el norte de África cuando fueron expulsados de España.

Kelly Benoudis Basilio, una profesora de literatura francesa de 70 años retirada que vive en Lisboa, está "muy interesada" por razones afectivas en pedir la ciudadanía aunque no contemple vivir en España.

Nacida en Alcazarquivir, en el noroeste de Marruecos, y con nacionalidad portuguesa por su matrimonio, Basilio conserva las tradiciones de sus ancestros expulsados de España.

"Siempre tuvimos un apego muy grande a la cultura española, una tradición oral muy fuerte. Cantábamos nanas en haketia", la lengua hablada por los sefardíes en el norte de Marruecos, una mezcla de español medieval, árabe y hebreo.

 "Infierno burocrático"

 Aunque las estimaciones varían, los historiadores creen que 200.000 judíos vivían en España cuando los reyes católicos Isabel y Fernando los obligaron a convertirse o abandonar el país.

Los judíos, que habían vivido durante siglos en relativa paz con cristianos y musulmanes, se vieron forzados a huir en pocas semanas y sin posibilidad de volver. Aquellos que se oponían eran quemados en la hoguera.

Los exiliados, sometidos al pillaje en su ruta, huyeron hacia el Imperio Otomano, los Balcanes, el Norte de África y Portugal, de donde fueron expulsados cinco años más tarde.

Se calcula que hasta 3,5 millones de personas en el mundo tienen pasado sefardí, "español" en hebreo.

Los candidatos a la nacionalidad española no tienen por qué ser judíos practicantes, pero su origen debe estar acreditado por la Federación de Comunidades Judías de España o los rabinos de su lugar de residencia.

Tendrán que pasar exámenes sobre lengua y cultura españolas, probar su "vínculo especial" con España y sufragarse los costes del viaje para pedir la nacionalidad.

La ley tendrá una vigencia de tres años ampliables a cuatro si fuera necesario.

No toda la comunidad judía celebró su aprobación. Algunos líderes lamentaron el "infierno burocrático" del proceso de concesión.

"Van a tener que pasar por un vía crucis", dijo León Admiras, que dirige una asociación de inmigrantes en Israel de países latinos.

El diputado conservador Gabriel Elorriaga, ponente de la ley, defendió que la ley debía ser "precisa" para "identificar correctamente" los descendientes de los judíos expulsados.

Esta ley supone el último paso de los esfuerzos españoles para enmendar su trato pasado a los judíos. En 1992, el anterior rey Juan Carlos visitó una sinagoga madrileña para reconocer "las injusticias del pasado". (I)