La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este viernes 22 de junio, que calcula que 212 personas han fallecido en Nicaragua hasta el 19 de junio por la crisis sociopolítica, durante la presentación de su informe final ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, dio esa cifra durante la presentación del informe en el que se resumen los hallazgos de la Comisión, que visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo.

A pesar de que el ambiente se mantiene pesado en Nicaragua, el comercio volvió a abrir sus puertas, aunque de manera tímida, y el tráfico se vio con cierta fluidez.

Hombres vestidos de civil, encapuchados, con la bandera del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y fuertemente armados con fusiles que únicamente se observan en manos de policías y militares (AK-47, M16 y Dragunov), se mantienen en puntos estratégicos de Managua.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) afirmó que la intervención de la iglesia Católica el jueves en Masaya evito una "masacre" por un ataque inminente de las "fuerzas combinadas", compuestas por policías, antimotines, "parapolicías", "paramilitares" y grupos de choque oficialistas.

Se espera la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) llame a retomar el diálogo nacional, de la que es mediadora, después de la presentación de la CIDH, aunque no hay fecha ni hora establecida para eso.

El diálogo nacional, cuyo objetivo es encontrar una solución a la crisis de Nicaragua, había sido suspendido el lunes pasado, debido a los constantes incumplimientos del Gobierno ante los compromisos firmados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Desde el 18 de abril pasado Nicaragua lleva sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. (I)