"Nuestro primer deber es con las víctimas, claramente las víctimas sienten que el perdón del expresidente Fujimori es una bofetada en la cara por el Estado", comentó May Macaulay en una audiencia pública celebrada en el 167 periodo de sesiones de la CIDH.

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Sin embargo, el exmandatario fue indultado el pasado 24 de diciembre por el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, por padecer graves enfermedades.

En este sentido, May Macaulay afirmó que si Fujimori estaba seriamente enfermo podían haber tomado otras decisiones "que sería también una bofetada en la cara" para las víctimas, pero no tan grave como el indulto.

La comisionada también dijo que "para que toda la sociedad se beneficie de la reconciliación" tras el conflicto armado que padeció Perú "tiene que haber respeto para el sufrimiento de las víctimas y las familias que sufren".

Por su parte, el también comisionado Luis Ernesto Vargas manifestó que "la clase de delitos por las que fue condenado" Fujimori no admite la concesión que le hizo Kuczynski.

Vargas indicó que se tenía que garantizar el acceso a la salud de Fujimori, pero no "violar el derecho de las víctimas a conocer la verdad", lo que consideró como "muy grave porque la gracia concedida por el presidente" cierra el acceso al derecho a la verdad de las víctimas.

Por parte de la sociedad civil tomaron la palabra varias asociaciones entre ellas la secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ana María Vidal.

Los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH que "reafirme la posición que ha tenido hasta la fecha sobre el caso" y que visite Perú para conocer la situación de primera mano.

El pasado 28 de diciembre la CIDH expresó su "profunda preocupación" por el indulto.

El abogado Jorge Villegas, que defendió la posición del Estado, lamentó "que se confunda la motivación" de la resolución que no hace mención a la reconciliación.

"Es cierto que no estamos en un caso de justicia transicional. El Estado derrotó a la subversión, pero no es cierto que sólo la justicia transicional justifique una invocación a la reconciliación", concluyó. (I)