El Gobierno de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, no descartó hoy el cierre del Penal Punta Peuco, donde purgan condena más de un centenar de violadores de los derechos humanos durante la dictadura, pese a que ella entrega el mando el domingo al mandatario electo, Sebastián Piñera.

"Se gobierna hasta el último minuto y por lo tanto, puede ser como no puede ser", recalcó la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, en declaraciones que difunde radio Biobío.

Fríes no descartó este viernes el cierre del penal en las jornadas que restan de la actual administración ya que, según dijo, "se gobierna hasta el último minuto".

A mediados del año pasado, Bachelet señaló en declaraciones a CNN Chile que cerraría el penal Punta Peuco, una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construida en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago, y definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel "cinco estrellas", con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.

Este viernes "de manera preventiva", el abogado que representa a 80 internos de Punta Peuco, Raúl Meza, presentó una demanda por discriminación en contra de los reos, invocando la ley Zamudio, ante las dudas que existen respecto de un eventual cierre del penal a sólo dos días de que la Presidenta Bachelet deje el cargo.

Dicho articulado tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

Con esta medida, Meza intentaba frenar cualquier acción o resolución que dé pie al cierre del recinto penitenciario ubicado en la comuna de Tiltil, aunque frente a esto, los tribunales determinaron no pronunciarse, hasta que la acción sea anunciada o ejecutada.

La incertidumbre que ronda frente a esta posible determinación se incrementó este martes después de que Bachelet, en entrevista con Canal 13, asegurara que aún contaba con días para resolver sobre el futuro del mencionado establecimiento.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por razones políticas. (I)