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Chile aprueba pago de bono a presos durante dictadura de Pinochet

La justicia también ha ordenado el pago de indemnizaciones a víctimas o familiares de ellas, por concepto de reparación moral de daños.
La justicia también ha ordenado el pago de indemnizaciones a víctimas o familiares de ellas, por concepto de reparación moral de daños.
20 de octubre de 2015 - 16:07 - Agencias AFP

El Congreso chileno aprobó este martes un bono de un millón de pesos ( $1.455) para quienes hayan sido reconocidos por el Estado como prisioneros políticos o torturados por la dictadura de Augusto Pinochet.

El dinero es "un aporte de carácter reparatorio para las víctimas de prisión política y tortura, incluyendo a los cónyuges sobrevivientes", indicó un comunicado del Senado chileno.

Los cónyuges recibirán el 60% del total del monto, explicó la nota.

La presidenta Michelle Bachelet, presentó este proyecto de ley en julio pasado como un bono extraodrdinario que sirva de "reparación pecuniaria" para los afectados, quienes ya reciben beneficios de parte del Estado.

Más de 38.000 personas torturadas fueron reconocidas en 2003 por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida por la Comisión Valech, que investigó las denuncias sobre desapariciones, torturas y detenciones ocurridas en dictadura entre 1973 y 1990.

"Este proyecto refleja el deber que tiene el Estado de procurar la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cuyos efectos perniciosos perduran hasta nuestros días", indicó un comunicado del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, encargado de ser el nexo entre el Gobierno y el Congreso.

Tras el retorno a la democracia, después de los 17 años de dictadura que se saldaron con más de 3.200 muertos y desaparecidos, se establecieron leyes de reparación a víctimas y sus familiares, así como a exiliados y "exonerados políticos", concepto por el cual se desembolsan unos 400 millones de dólares al año.

Los requisitos para acceder al programa eran pertenecer a una de las 1.500 empresas intervenidas o clausuradas por la dictadura, incluyendo a funcionarios de las Fuerzas Armadas, partidos políticos y la Policía.

La justicia también ha ordenado el pago de indemnizaciones a víctimas o familiares de ellas, por concepto de reparación moral de daños.

El 15 de septiembre pasado, la Corte Suprema ordenó el pago de unos 6,6 millones de dólares a 31 presos políticos quienes fueron confinados en la isla Dawson en el estrecho de Magallanes, a un campo de concentración parecido a los que instalaron los nazis. (I)

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