El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha asegurado este martes, 2 de agosto del 2022, que El Salvador es ahora el país más seguro de América Latina después de que el mes de julio finalizara sin que se hayan registrado homicidios, lo que lo convierte en el mes más seguro de la historia del país.

"Del país más peligroso del mundo al más seguro de América Latina", ha manifestado Bukele en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que ha compartido además una estadística de los homicidios diarios a lo largo de julio.

Así, ha defendido las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a las pandillas que operan en el país y ha recalcado que las autoridades "siguen adelante". "Si analizamos el mes de julio, la tasa sería de 2,19 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes", ha aseverado, antes de aclarar que en comparación con 2021, el país sería por mucho el más seguro de toda América Latina".

Bukele impuso un estado de excepción a finales de marzo en respuesta a una de violencia desatada por varias pandillas, una medida que fue ampliada el 20 de julio por el Parlamento. Según datos de la Presidencia, desde que se decretó el estado de excepción han sido detenidos casi 48.500 pandilleros y se han incautado 1.198 armas de fuego.

"Los resultados obtenidos por la implementación del régimen de excepción permitirán que los salvadoreños disfruten de las vacaciones más seguras de las últimas seis décadas. Gracias a esto, ahora podemos ir a cualquier rincón de nuestro país, a cualquier hora del día, sin ser víctimas de la delincuencia", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que "para asegurarnos de ello" se han desplegado "miles de soldados, policías y guardias de seguridad en todos los sitios turísticos, pueblos, volcanes, playas, lagos, parques, eventos religiosos, deportivos y culturales" del país. "Paso a paso, seguimos construyendo el país seguro que todos soñamos", ha añadido.

Sin embargo, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que el estado de excepción restringe determinadas garantías constitucionales y propicia violaciones de Derechos Humanos, detenciones arbitrarias y tortura, entre otras.