España se ha sumergido en las tinieblas de una de las crisis de Estado más graves de su historia reciente. El mensaje de autoridad enviado a Cataluña por el gobierno de Mariano Rajoy durante la jornada plebiscitaria del domingo, suspendida previamente por la Corte Constitucional, comenzó a volverse en su contra.

El sentimiento generalizado es que el conflicto catalán se le ha ido de las manos. El desgarro provocado en Cataluña por las cargas policiales contra cientos de votantes y provocando 465 heridos adquiere ya tintes preocupantes de difícil solución, al menos a corto plazo.

El Partido Popular (PP) se encuentra cada vez más solo en su defensa numantina del ‘imperio de la ley’ y su negativa cerrada a abrir cualquier tipo de negociación que sirva para rebajar una tensión que ya amenaza con desbordar Cataluña y trasladarse a otras regiones de España. En el País Vasco, ayer se produjeron concentraciones de protesta contra Rajoy. Y lo mismo ocurrió en Madrid, Sevilla, Cádiz y Valencia.

Muchos catalanes que el sábado mantenían una actitud favorable al diálogo entre las partes, salieron ayer a las calles de Barcelona para protestar contra la intransigencia del Gobierno español.

Hoy está convocada una huelga general en Cataluña que, presumiblemente, tendrá un seguimiento masivo. El incendio es colosal. Ayer las principales plazas de Barcelona volvieron a llenarse de personas para exigirlo.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, compareció ayer en público para anunciar que ha pedido la mediación internacional para ayudar a la solución de este conflicto. Además, confirmó que el Govern va a crear una comisión de investigación para valorar la violación de derechos que a su juicio se produjeron el domingo tras la actuación de la Policía y la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum.

Puigdemont también exigió la retirada inmediata de los más de 10.000 agentes de los cuerpos policiales desplazados a Cataluña para hacer frente al desafío.

La solución que plantea, dijo, es un compromiso conjunto de ambos ejecutivos “de crear un clima de distensión para que esta mediación sea leal y sincera”, al tiempo que insistió en que el referéndum celebrado tendrá efectos políticos en los próximos días, es decir, la proclamación unilateral de independencia de Cataluña. Los resultados, nítidamente favorables a la secesión, son vinculantes para el gobierno catalán.

Consulta vinculante

El clima que se respira en Cataluña es de una desafección creciente hacia el gobierno de España. Diez años después de que el Tribunal Constitucional aceptara los recursos del PP y dejara en suspenso buena parte del Estatut aprobado en referéndum, consideran que la opción de una consulta vinculante sobre su independencia de España no tiene vuelta atrás.

Mariano Rajoy se limitó a decir que el Gobierno hizo “lo que tenía que hacer para impedir una consulta ilegal” y anunció que comparecerá en el Congreso de los diputados dentro de una semana. Pero no se está registrando un movimiento telúrico en la sociedad española a favor de la mano dura. No hay datos objetivos que permitan sostener esta afirmación defendida por el PP y Ciudadanos, que ayer pidió la suspensión oficial de la autonomía catalana.

El socialista Pedro Sánchez, que ayer se reunió con al presidente en el Palacio de la Moncloa, criticó con dureza la extralimitación policial, pero garantizó al PP su apoyo al estado de derecho vigente. El PSOE comienza a maniobrar con la intención de forzar al Ejecutivo a adelantar las elecciones generales y, al menos, ganar tiempo para atemperar unos ánimos cada día más encendidos. Podemos, por su parte, censuró la ausencia de propuestas políticas del Gobierno y solicitó a los socialistas que se desmarquen del régimen y sumen sus votos a una nueva moción de censura contra Rajoy que lo haga caer.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, aseguró ayer encontrarse “muy perturbado” por la violencia contemplada en el referéndum del domingo y ha pedido una investigación independiente e imparcial sobre los hechos.

“Con cientos de personas heridas, pido a las autoridades españolas que aseguren una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia”, manifestó en un comunicado. Datos oficiales sobre los disturbios cifran el número de ciudadanos heridos en 462, dos de ellos de gravedad.

La Unión Europea reaccionó ayer con un tibio mensaje respecto a que “la violencia nunca puede ser un instrumento de la política”, pero obvió entrar a analizar los posibles ataques a la libertad de expresión que han sido denunciados.

El portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas, defendió ayer en Bruselas la posición comunitaria expresada en cuatro párrafos, pese a la insistencia de periodistas franceses, belgas, italianos, británicos y, por supuesto, españoles, que le cuestionaron por la equiparación entre los incidentes del domingo en Cataluña y otros similares que han sucedido en países de fuera de la Unión Europea (UE), como Turquía. “No voy a hacer consideraciones al respecto, me mantengo en lo que dice la declaración de la Comisión sobre la violencia en el sentido de que no es un instrumento político”, concluyó Schinas. (I)