Segundo intento para investir un nuevo presidente en Cataluña y segundo fracaso. Para Roger Torrent, su experiencia como máximo responsable del Parlament comienza a ser un suplicio insospechado.

Ayer volvió a suspender la sesión ante la falta de acuerdo de las fuerzas nacionalistas por un candidato ideal. El tiempo corre y Cataluña se desliza lentamente hacia la ingobernalidad. Son ya cuatro meses los que han transcurrido desde la intervención del autogobierno por parte del Gobierno español y casi tres desde la celebración de las elecciones autonómicas pero la legislatura no arranca.

Primero fue la obstinación de Carles Puigdemont por presidir el Govern desde Bruselas. Solventado este problema, ahora han sido los tribunales de justicia quienes han bloqueado la posibilidad de que el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, salga de la cárcel donde se encuentra para acudir a la sesión de investidura. “Es decepcionante”, resumía ayer un dirigente a El Telégrafo.

La pregunta que ayer se planteaba entre los políticos de todas las tendencias era “Y ahora ¿qué?”. Todo parece que Torrent, en cuyas manos reposa la posibilidad de convocar nuevas elecciones, aguardará a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares presentadas por la defensa de Sànchez para salir de prisión y ser investido presidente.

Fuentes consultadas ayer por este diario calculan que el dictamen de Estrasburgo no tardará más de 48 horas en hacerse público y “difícilmente” será favorable a los intereses nacionalistas.

Con estos antecedentes sólo quedarán dos caminos de solución política para Cataluña: O la mayoría independentista consensua un tercer plan de gobernabilidad, o la región más rica de España celebrará nuevos comicios antes de verano.

Y el riesgo que deberán asumir los soberanistas, en este último caso, será máximo: su discurso ha vuelto a perder crédito y hoy sólo lo aprueba el 41% de los ciudadanos que viven en Cataluña.

En Madrid, por su parte, se frotan las manos por la evolución de los acontecimientos. Según se detalla en un informe filtrado desde el Palacio de la Moncloa este fin de semana, la aplicación quirúrgica del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy “ha permitido restablecer el orden constitucional vulnerado hace cuatro meses”.

Además, consideran desmanteladas todas las estructuras creadas por los independentistas al inicio del “procès”, entre ellas “el desvío de dinero público hacia su causa”. (I)