El Gobierno español y el catalán ultiman los detalles para el gran duelo previsto para mañana. Sin un ápice de tregua en ninguno de los dos bandos, la ciudadanía observa asombrada cómo cada uno de los ejecutivos mueve sus fichas en el tablero político en el que han convertido el referéndum de Cataluña.

Si Madrid anuncia la inhabilitación de urnas en un almacén perdido, Barcelona responde de inmediato presentando el modelo de caja que desplegarán por las 6.300 mesas electorales que piensan abrir mañana. Si un ministro de Mariano Rajoy afirma que la comunidad internacional detesta el desafío soberanista, al minuto siguiente aparece un consejero de Carles Puigdemont para contrarrestarlo explicando que seis observadores internacionales llegados de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Polonia velarán por la transparencia del proceso. Una guerra táctica que comienza a poner de punta los nervios de los pacientes dirigentes de la Unión Europea (UE).

Lo cierto es que Cataluña quiere votar. Sí o no, pero votar y terminar con este agotador enfrentamiento político. Y desean hacerlo porque no alcanzan a ver otra manera de solucionarlo. Llevan con idéntica sinfonía desde 2010 y el hastío empieza a apoderarse de ellos.

Aunque el clima que se respira en Barcelona es de absoluta normalidad, sin incidentes reseñables, con la única excepción de una multitudinaria manifestación de agricultores a bordo de tractores que ayer colapsaron el centro de la ciudad, el Gobierno español anunció la restricción del espacio aéreo sobre la capital catalana hasta el lunes. Se entiende que esta decisión ha sido tomada para evitar la captación de imágenes cenitales de las previsibles aglomeraciones de votantes que el domingo se producirán en los centros electorales.

Pese a la prohibición expresa dictada por los tribunales y a las medidas impuestas por el Gobierno español para hacer cumplir esta resolución, el gobierno regional desveló por fin que 5,3 millones de personas están llamadas a votar este domingo en Cataluña.

7.235 voluntarios

Según tres pesos pesados del ejecutivo autónomo, como Raúl Romeva, Jordi Turull y Oriol Junqueras, 7.235 personas se han implicado de forma voluntaria en la apertura y constitución de los 2.315 colegios electorales, en los que se instalarán 6.247 mesas. La autoridad recaerá sobre personas muy destacadas del ámbito político e institucional del país, aunque no revelarán su identidad hasta el mismo domingo. “El domingo se votará y si alguien se lleva una urna, habrá alternativas para votar”, dijeron ayer en Barcelona.

En realidad, la infraestructura electoral independentista se asienta en la misma metodología que la que llevan a cabo las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) para evitar desahucios. Es decir, defender los colegios electorales a través de la desobediencia activa no violenta.

Por ello, desde diferentes grupos movilizados pernoctan en escuelas, institutos y centros cívicos de Cataluña para evitar que sean precintados por las fuerzas de seguridad, tal como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Precisamente, el máximo responsable de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero dictó ayer una orden precisa a todos los agentes policiales autonómicos que “en ningún caso hagan uso de la defensa policial extensible u otros elementos de naturaleza similar” para cumplir con las “acciones ordenadas por la interlocutoria judicial (TSJC)” en casos de “resistencia pasiva”.

Según se desprende del documento distribuido en las comisarías de la policía autónoma, los métodos coercitivos solo se utilizarán “en caso de agresiones a terceros o a la propia policía y nunca de manera generalizada”. Todo muy controlado para evitar disturbios ante la posible avalancha de votantes en los improvisados centros electorales que se habilitarán durante la madrugada de hoy, casi en la clandestinidad.

Por otra parte, el Gobierno español volvió a pedir a Puigdemont que suspenda la consulta de mañana porque las consecuencias que le aguardan a partir del lunes “serán los tribunales de justicia”.

El ejecutivo catalán, por su parte, sacó pecho de la nota emitida por la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas en la que se pide a España que respete los derechos fundamentales de los ciudadanos que quieran participar en el referéndum.

En la nota publicada comparten un informe emitido por dos de sus expertos, David Kaye y Alfred de Zayas, donde se hacen eco de las medidas impuestas por el Gobierno español para evitar la celebración de la consulta. (I)

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Los actores del conflicto político

Carles Puigdemont

Presidente de Cataluña y principal impulsor de la independencia de la región autónoma. Tras asumir el cargo, en reemplazo de Artur Mas, promueve el referéndum. Sobre él pesa una querella por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Oriol Junqueras

Vicepresidente del Gobierno catalán, es el responsable del presupuesto y la financiación del referéndum. Cerró los contactos con el Gobierno español, incluso se negó a enviarle a Hacienda el informe que le solicitaba. Tiene una querella por el decreto del referéndum separatista.

Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno español ha reiterado en diversas ocasiones que el referéndum catalán es ilegal y viola la Constitución. Tras las legislativas de 2016 gobierna en minoría con el apoyo del partido liberal Ciudadanos, nacido en Cataluña para luchar contra el secesionismo.

Rey Felipe VI de España

El monarca rechaza el referéndum independentista y advierte que la Constitución “prevalecerá sobre cualquier quiebre” de la “convivencia en democracia” y que “los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados” frente a “quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional”.

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El Barça defiende derecho a decidir y a la democracia

El Barcelona, estandarte histórico del catalanismo, ocupó su propio espacio en el debate de los últimos meses sobre la independencia, posicionándose a favor de la celebración de un referéndum.

El 20 de septiembre, en reacción a la detención de 14 funcionarios del gobierno regional implicados en la organización de la consulta, el club emitió un comunicado en defensa “de la democracia, de la libertad de expresión y del derecho a decidir”.

El Barça “condena cualquier acción que pueda impedir el ejercicio pleno de estos derechos”, añadía el comunicado del club, que en mayo se unió al llamado Pacto Nacional por el Referéndum, una iniciativa que trató en vano de acordar una consulta vinculante con el Gobierno español.

El Barça tomó la decisión bajo una “presión muy alta de su base social”, analiza Carles Viñas, historiador catalán en la Universidad de Barcelona.

“El Barça es reflejo desde su fundación de las ideas sociales y políticas de Cataluña”, añade Carles Feixa, antropólogo del deporte en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. (I)