El referéndum independentista convocado hoy en Cataluña no se celebrará. O al menos no de la manera en la que el Govern tenía previsto hacerlo. Entre la Guardia Civil y la fiscalía del Estado han incautado millones de boletas que debían usarse en la consulta, han desactivado el soporte informático del referéndum, han desarticulado la junta electoral encargada de custodiar el proceso, han abierto diligencias penales a 710 alcaldes favorables a la independencia y han ordenado tomar el control de los Mossos d’Esquadra, la policía autónoma catalana, por parte de una autoridad enviada de Madrid. La única orden que quedaba por promulgar para sofocar la rebelión catalana, a falta de confiscar las miles de urnas que siguen sin aparecer, era la de impedir a toda costa que hoy no se abra ni uno de los 6.300 locales de votación que hay en Cataluña, que se precinte las puertas de acceso y que se identifique a quienes se arremolinen a 100 metros de distancia. Para realizar esta delicada misión, la fiscalía del Estado se decantó por los Mossos, un cuerpo de seguridad que a principios de esta semana solo recibía órdenes del Govern, el organizador del referéndum. Un contrasentido que habrá que ver si funciona, toda vez que el máximo responsable de la policía autónoma, el mayor Josep Lluis Trapero, considera inviable ante los riesgos de que terminen produciendo altercados callejeros que hasta ahora no han sucedido. Trapero cree que es temeraria esta orden judicial aun contando con el apoyo de los 17.000 agentes de refuerzo que el gobierno español ha desplazado desde otros puntos de la geografía para impedir el referéndum. 

El clima ese se ha vuelto irrespirable. Solo falta que a estas horas brote una chispa para que se desate el caos. Tal es la tensión que Cataluña, un territorio con una extensión como las provincias de Guayas y Pichincha juntas y 7,5 millones de habitantes, ha comenzado a acaparar  la atención del mundo y, en concreto, de una prensa internacional que mayoritariamente no alcanza a comprender la negativa del gobierno a pactar un referéndum que apoya más del 60% de la población. Otra cosa sería el resultado. Las encuestas apuntan que la opción independentista no alcanzaría el 50% de los votos aunque especular con esas cifras es como hacer ciencia ficción. Aunque la UE se sigue manteniendo en un discreto segundo plano sobre este conflicto, fuentes bien informadas aseguran que Bruselas observa con preocupación los pasos dados por el ejecutivo de Mariano Rajoy para solucionar la crisis “ya que no son partidarios de la represión y sí del diálogo”.

No hay duda de que las actuaciones del gobierno han arruinado las posibilidades legales, si es que algún día tuvo alguna, de la consulta pero han terminado por incrementar un caudal de protestas que exceden la cuestión independentista para alcanzar ya a la política del ejecutivo. Cierto es que la crisis desatada, la más grave sufrida en España desde el intento de golpe militar de 1981, no terminará hoy y que en los próximos días aún pueden ocurrir muchas cosas. Y casi ninguna buena. La más improbable es que el Govern de Carles Puigdemont reconozca su error por lo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que en los próximos días se produzcan las primeras detenciones de importantes dirigentes políticos. Los primeros de la lista son los responsables de las dos asociaciones que lideran la celebración del referéndum, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; y el del Ómnium cultural, Jordi Cuixart. Luego, están la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras y, por supuesto, Puigdemont. La Audiencia Nacional, la corte que en España se encarga de juzgar delitos de terrorismo, corrupción y narcotráfico, ha ordenado ya abrir una investigación que determine si pueden imputarles cargos de sedición, penado con hasta 15 años de prisión.

Pese a que esta espada de Damocles se cierne sobre muchas cabezas, son muchos los que afirman que detrás del desafío catalán hay motivos muy acreditados. El más evidente es la liquidación metódica del Estatut de autonomía de Catalunya aprobado por el Congreso y refrendado en las urnas por los catalanes en 2006. Un texto que el Tribunal Constitucional modificó cuatro años más tarde al aceptar los recursos a 14 artículos claves presentados por el PP. Aquella sentencia resquebrajó sus relaciones con el Estado y desató una ola de protesta bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim” (Somos una nación, nosotros decidimos) que ha llegado al día de hoy multiplicada por tres. Sin diálogo alguno y sin mediadores efectivos, Cataluña vive un bloqueo político difícil de explicar que ha terminado provocando, junto a larga crisis económica y el estallido del rosario de casos de corrupción, uno de los problemas más agudos de la España actual.

Y los interrogantes no concluyen en las imaginarias fronteras catalanas. En los últimos días han proliferado concentraciones cada vez más numerosas pidiendo más diálogo al PP en Madrid, todo el arco Mediterráneo, Euskadi, Galicia y Andalucía. Aumenta la inquietud social ante lo que puede pasar en Cataluña, cuyas consecuencias a medio plazo pueden ser catastróficas para el Estado español. Aunque no puede renunciar al cumplimiento de la ley, todos los partidos políticos reclaman al gobierno de Rajoy que ofrezca alguna perspectiva de salida. “No hay autoridad sin horizonte”, comentaba ayer Enric Juliana, uno de los más lúcidos analistas de una grave crisis que hoy vivirá su día crucial.

Los tres posibles escenarios tras el referéndum

Un manifestante enmascarado contra la independencia agita una bandera española durante protesta frente a la sede de Radio Catalunya, en Barcelona. Foto: AFP

El referéndum no reviste ningún carácter vinculante, ya que la justicia lo declaró ilegal y, junto con el gobierno español, activó casi todas las herramientas de que dispone para impedirlo y deslegitimarlo.

El escenario más probable es que la votación se produzca de forma desordenada. “Se intentará organizar una votacion, ya veremos con qué capacidades”, dijo Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes, que se oponen a la consulta.

Si logran votar de una forma o de otra, es de presumir que gane el “sí”, ya que los del “no” se quedarán en casa. Los separatistas se agarrarán a esto pero, ¿con qué resultado?

La primera opción, según Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, sería optar por no proclamar la independencia rápidamente, tal y como prevé una ley votada en el Parlamento catalán, de mayoría secesionista. En lugar de eso, expone, podrían convocar movilizaciones en toda Cataluña.

La otra opción, apunta Rafael Arenas Garcia, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, es que el presidente Carles Puigdemont haga una declaración unilateral de independencia, a lo que Madrid tendría que reaccionar.

El tercer escenario es que los separatistas no declaren la independencia y disuelvan en algún momento el Parlamento, lo que llevaría a unas elecciones anticipadas en Cataluña. (I)