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Ayer se realizó una marcha masiva a favor de la unidad de España

Cataluña despierta hoy sin saber quién lleva las riendas de su administración

Con banderas catalanas y españolas, cientos de miles de personas inundaron el paseo de Alta Gracia, en Barcelona, para expresarse por la unidad de España.
Con banderas catalanas y españolas, cientos de miles de personas inundaron el paseo de Alta Gracia, en Barcelona, para expresarse por la unidad de España.
Foto: AFP
30 de octubre de 2017 - 00:00 - Agencia AFP

Barcelona.-

Dos días después de la declaración de independencia del parlamento catalán, cientos de miles de personas marcharon ayer en Barcelona en contra de la secesión de esta región, por cuyo control pugnan el Gobierno español y el destituido Ejecutivo independentista catalán.

Bajo el lema ‘¡Todos somos Cataluña!’ y un mar de banderas españolas y catalanas, una multitud inundó el paseo de Gracia de la capital catalana: 300.000 según la Policía local, 1 millón según la delegación del Gobierno español y 1,1 millones según los organizadores.

Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que  congregó una manifestación masiva tras el referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1 de octubre.

Años de tensiones entre el gobierno regional y el poder central culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el parlamento regional declaró la independencia y el Ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.

“Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio”, repudió Álex Ramos, vicepresidente de SCC, sobre la declaración de independencia no reconocida por ningún país.

El expresidente del Parlamento Europeo, el catalán Josep Borrell, advirtió que es un momento dramático en la historia de España y tremendamente difícil y peligroso. Pidió a los manifestantes serenidad para seguir viviendo juntos.

En esta región con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio, pero con muchos habitantes procedentes del resto de España, la sociedad está dividida en partes iguales sobre la secesión. Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la república, otros respiran aliviados tras la intervención del Gobierno español, al cual piden más mano dura.

“¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!”, gritaban en la marcha aludiendo al presidente regional Carles Puigdemont, destituido por Rajoy. “Es ilegal lo que han hecho”, reprocha a los independentistas Miguel Ángel García, jubilado de 70 años. “Madrid debe hacer pagar responsabilidades”.

Pero en una terraza en el barrio histórico de Barcelona, la independentista Marta Gimeno opinaba lo contrario. “Para mí, Puigdemont es nuestro presidente, claro”, dijo esta ilustradora de 45 años. “La declaración de independencia nos sirve, es válida, no es simbólica”.

La región se despertó ayer sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas.

Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. También el parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre.

Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese. En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del Ejecutivo destituido, aseguraba que “el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont”. “No podemos reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas del Partido Popular (de Rajoy), desde Madrid”.

Menos explícito fue Puigdemont, que en un mensaje televisado el sábado apeló a “la oposición democrática y pacífica” a la toma de control del Gobierno español.

Un día clave será hoy, cuando los dirigentes destituidos o los diputados del parlamento disuelto intenten volver a sus puestos de trabajo. También se espera que la fiscalía española se querelle contra Puigdemont por rebelión, delito penado con hasta 30 años de prisión. (I)

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