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El Telégrafo
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Mas busca convertir las elecciones en un plebiscito sobre la secesión

Cataluña descarta diálogo para suspender el proceso soberanista

Miembros de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña (ACN) se manifiestan en apoyo al referéndum sobre la independencia de Cataluña. Foto: AFP
Miembros de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña (ACN) se manifiestan en apoyo al referéndum sobre la independencia de Cataluña. Foto: AFP
05 de agosto de 2015 - 00:00 - Gorka Castillo. Corresponsal en Madrid

Ya no habrá marcha atrás. Algo más de cinco millones de ciudadanos decidirán el próximo 27 de septiembre si quieren o no que Cataluña proclame la independencia de España. La fórmula elegida para este plebiscito es un tanto inusual. No habrá pregunta al respecto sino elecciones autonómicas al uso, es decir, una amalgama de siglas políticas con aspiraciones de tener representación parlamentaria pero con la excepcionalidad de que, por primera vez en la historia, concurrirá una lista unitaria pro independentista conformada por los dos partidos nacionalistas mayoritarios, CDC y ERC, pero con ideologías irreconciliables.

La CDC del actual presidente Artur Mas representa a la Cataluña conservadora, adinerada y derechista. La ERC de Oriol Junqueras siempre fue republicana, un tanto revolucionaria y obrera. Pero el catalanismo, el deseo de lograr la plena soberanía de esta región del este de España encajonada entre Francia y Valencia, les ha terminado uniendo.

Los promotores de esta fórmula, una lista bautizada con el nombre de Junts pel Sí (Juntos por el Sí), han establecido ya la barrera de su triunfo: “Alcanzar los 68 diputados -la mayoría absoluta de la Cámara catalana- que tiene 135 representantes. De ahí para arriba habrá ganado el sí”, señaló ayer el presidente Artur Mas. No lo tendrá fácil. En las elecciones de 2012, el CDC, que acudió a las urnas coaligado con la Unió Democrática, y ERC tuvieron que unir sus fuerzas a un grupo minoritario como el CUP, que se ha desmarcado de la Lista por el Sí, para controlar el Parlamento.

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Nada se sabe, por el momento, de las medidas que estudia el Gobierno de Mariano Rajoy en el caso de que se haga realidad la suma de escaños parlamentarios expresada por Mas. El presidente español mantiene la actitud titubeante de quien camina por un terreno pantanoso. En ocasiones utiliza un tono implacable contra los promotores del plebiscito que riega convenientemente con mensajes apocalípticos, pero en otros aparece atenazado por el miedo a que este problema termine por sepultar sus aspiraciones de ganar las elecciones de fin de año. “Nadie va a romper España y los vínculos entre los ciudadanos catalanes y el resto de españoles. Nadie va a hurtar a los catalanes su condición de catalanes, españoles y europeos. Nadie va a empobrecerlos”, sentenció ayer en La Palma de Condado, un pequeño municipio de Huelva, en el sur del país, que visitó junto a la dirección del PP de Andalucía.

Algunas voces ya han pedido a Rajoy que medite la suspensión de la autonomía de Cataluña para restablecer el orden constitucional que los soberanistas vulnerarían si ganan los comicios de septiembre y declaran la independencia de forma unilateral. Desde el PP observan esta medida como la última bala que solo utilizarán si no hay otra opción. “Resulta peligroso y sus consecuencias, imprevisibles. A nivel político, significaría la admisión por parte del Gobierno central de todas las funciones que desde 1979 desempeña la administración autonómica, con la complejidad que ello conlleva y la confrontación social que pudiera derivarse”, reconoce a EL TELÉGRAFO un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.

Por el momento, Rajoy ha optado por la prudencia verbal y por animar a la sociedad catalana a votar contra la Lista por el Sí el 27 de septiembre, “la única manera de terminar con esta etapa de confrontación, discordia y división que se ha generado en Cataluña”, dijo. De nuevo, el líder del PP echó mano de la mejora económica con la que pretende rehabilitar la maltrecha imagen del Gobierno y, de paso, esquivar los temas controvertidos. Por eso esperó a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentara ayer los presupuestos del Estado para el próximo año donde, en un apartado especial, se reserva para Cataluña una inversión global de un 10% más que en 2015, es decir, alrededor de 1.179,5 millones de euros. Un dineral para una autonomía que viene quejándose amargamente de llevar sobre su espalda la mala gestión de otras comunidades y de no recibir nada a cambio.

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La respuesta de Artur Mas fue inmediata. El presidente catalán lanzó toda su artillería pesada contra la actuación no ya de este Gobierno central de los ejecutivos anteriores, tanto del PSOE como del PP, por no haber cumplido jamás con Cataluña en materia económica. Mas recordó que solo en una ocasión durante los últimos 35 años se ha dado una inversión en infraestructuras equivalente al peso económico de la región en España. He ahí el argumento del proceso, según su opinión. “Estamos promoviendo este proceso porque tenemos derecho a la legítima defensa”, señaló.

Respecto a la posibilidad de frenar el proceso y abrir una negociación con el Gobierno de España, Mas explicó que “todo lo que se haya podido hacer para dejar la última decisión al Estado ya se ha intentado” y cortó de raíz cualquier margen de maniobra ante una oferta de diálogo, incluso si proviniera de un cambio de gobierno. “O hay una refundación territorial en España, o nada será creíble”, concluyó en la presentación de un proyecto político cuyo alcance real pocos son capaces de adivinar en un escenario como el europeo. (I)

DATOS

Una reciente encuesta de Metroscopia publicada por el diario El País indica que el 63% de los catalanes considera que existen “muy pocas o nulas probabilidades” de que Cataluña se convierta en un Estado independiente, frente a un 32% que lo ve “posible en un futuro más o menos cercano”. Los porcentajes para el resto de España son, respectivamente, del 82% y el 13%.  

En cuanto al modelo de Estado, el 54%  de los catalanes estaría de acuerdo con el modelo federal, frente a un 35% que se opone. En el resto de España, la encuesta muestra justo lo contrario, un 34% de partidarios del modelo federal y un 50% de detractores.

El 55% de los catalanes opinan que tienen derecho a decidir si forman parte de España.

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