Nadie sabe bien lo que sucederá mañana en Cataluña. La política es tan volátil en esta región aún española que acertar el resultado final de este pulso que mantienen Madrid y Barcelona es casi tan difícil como adivinar un espectacular truco de magia. Hay tanta tensión que el espectador, es decir, el ciudadano, comienza a sentirse abrumado. Hasta la prensa catalana más cercana al independentismo destilaba esta semana cansancio y cierta desesperación. Aunque todo sea posible en la región más díscola de España, la patria adoptiva de Messi y Picasso, cuesta creer que el proceso de ruptura iniciado hace 8 años quede reducido a escombros, tal y como repite el Gobierno de Mariano Rajoy. “Hay casi tantas razones para pensar que habrá un adelanto electoral en febrero como que la próxima semana salga elegido un presidente para pilotar la nave”, asegura Joan Figueras, profesor de filosofía en un instituto de Barcelona y partidario de una negociación a favor de un referéndum en Cataluña. “Es la única manera de poner fin a un debate que está ocultando los verdaderos problemas que sufrimos como son el desempleo, la corrupción y la desigualdad”, añade.

La única certeza es que Artur Mas, el hombre que hasta ahora ha asumido sin rechistar el papel de villano en esta historia, no será el próximo presidente de Cataluña. Así se lo ha pedido la CUP a Junts pel Si, la coalición mayoritaria en el Parlamento regional cuyos 62 votos son insuficientes para investir al alumno predilecto de Jordi Pujol, un político retirado que la Cataluña conservadora convirtió en leyenda hasta que cayó en desgracia salpicado por sucios negocios millonarios perpetrados durante los peores años de la crisis financiera.

La cuestión también es ver cómo gestiona una salida el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a este callejón al que han llevado a Cataluña tanto los que se apoyan en la actual legalidad española como los que lo hacen en la mayoría absoluta del Parlamento regional. La primera impresión es que su puesta en escena no contempla el diálogo como herramienta de solución a un problema español tan antiguo como relegado. Por el momento le basta con aplicar “la fuerza de la ley”, para esquivar una cuestión “que no es de naturaleza legal sino política”, como se encargan de decir una y otra vez los independentistas catalanes que suman millones de seguidores y que no seguirán sin identificarse con ese Estado español que defiende Rajoy. “Quiero recordar el flaco favor que nos están haciendo la CUP y Junts pel Sí al resto de los españoles que teníamos contra las cuerdas a la derecha que oculta los espectaculares casos de corrupción estructural en el que están involucrados, la misma que ha rescatado a la banca y ha abandonado a su suerte a varias generaciones de ciudadanos”, comentaba a El Telégrafo un destacado miembro de Podemos en Madrid.

El viernes fue publicada una encuesta elaborada el 5 y el 27 de octubre por un Centro de Estudios Sociológicos del Ejecutivo regional con unos hipotéticos resultados electorales en Cataluña que no dejan en buen lugar al PP. Los datos revelan que la CUP, el partido calificado por la derecha como “antisistema” aunque no lo sean en absoluto, aumentaría entre cuatro u seis representantes para convertirse en la tercera fuerza de Cataluña mientras que el PP perdería entre uno y tres escaños lo que supondría su peor registro de la historia en la región. Hay quien asegura que la dura posición del Gobierno de España tiene los mismos efectos de una baño reparador en la desfigurada imagen que hasta hace un mes proyectaba el presidente Rajoy. “Su discurso del miedo está dirigido a miles de españoles que ven en el PP a la única opción con agallas para parar los pies a los nacionalistas vascos y catalanes”, afirma Joan Figueras, el profesor de filosofía de Barcelona.

Se refiere al uso de un lenguaje agresivo que en España aun perviven y se identifican con los años prebélicos de su Guerra Civil. “Sediciosos”, “patria unida” o “venceremos” ha podido servir para despertar un sentimiento aletargado por la crisis económica pero también para despertar a otros de la confusión inmensa al que les ha empujado la cuestión catalana. “No apoyo la independencia de Cataluña pero si el Gobierno decide suspender su autonomía, saldré a la calle a protestar”, confesaba hace unos días un viejo militante socialista a El Telégrafo.

Mientras se intenta buscar la salida, los recursos legales del estado han comenzado a carburar. En las próximas semanas 21 altos cargos del Gobierno de Cataluña podrían ser inhabilitados e incluso sancionados de forma ejemplar por tribunales de justicia que ya no acatan. “Y entonces, ¿qué pasará?”, insiste el antiguo luchador antifascista que hoy sigue luciendo la insignia con el puño y la rosa en su solapa. (I)