La multitudinaria manifestación a favor de la independencia de Cataluña celebrada el domingo pasado en Barcelona reabrió viejas heridas entre el gobierno autónomo y el español, nunca cerradas del todo.

“Queremos construir una República Catalana que dé respuesta a las aspiraciones de libertad, justicia social y radicalidad democrática de la mayoría de nuestro pueblo”, invocaba el manifiesto leído al final de la impresionante marcha que convocó durante toda la jornada, la fiesta nacional de Cataluña, la Diada, a más de 700.000 personas procedentes de todos los rincones de España y que, por primera vez desde 1976, logró reunir a las tres principales autoridades del territorio: la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Nuevo desafío

Tanta fue la explosión de adrenalina que en la única entrevista concedida ayer para valorar el acto de demostración patriótica, Puigdemont anunció que convocará un referéndum independentista “en junio o julio de 2017” y “elecciones constituyentes antes de septiembre de ese mismo año”. Un nuevo desafío al poder central que reside en Madrid que no solo aborrece este tipo de maniobras sino que sobre la base de enfrentamientos ha aprendido a sacar un rendimiento político incalculable.

El primero en responder a Puigdemont fue el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien ha advertido que un referéndum, ya sea pactado o no, es “ilegal” en España y que, por tanto, se expone a que caiga “todo el peso de la ley” si hace oídos sordos y promueve una nueva consulta popular sobre la soberanía de Cataluña.

“Nunca va a ser posible organizar un referéndum sobre el deseo territorial porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los ciudadanos españoles, no solo en una parte”, remachó el ministro sin un atisbo de duda.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, fue dura al calificar la propuesta de Puigdemont de “ilegal” y “oportunista” porque “tensa la convivencia entre españoles”, pero las críticas más exacerbadas llegaron este fin de semana de boca del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, al meter en el mismo diván político al “desafío soberanista” planteado por Cataluña y al terrorismo yihadista.

Aunque el lunes intentó atenuar el tremendo impacto causado por sus declaraciones, todos los partidos de ámbito regional y Unidos Podemos pidieron ayer su dimisión inmediata. Margallo afirmó literalmente en un acto electoral del Partido Popular en Euskadi que el pulso abierto en Cataluña “es el más importante” al que se enfrenta el Estado español, ya que “de una crisis se sale, un ataque terrorista se supera, pero la disolución de un país como España es una situación absolutamente irreversible”.

Fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien se encargó de responder al ministro indicando que “las declaraciones de Margallo no solo son lamentables sino también absolutamente reprobables y en cualquier país democrático del mundo significaría su renuncia inmediata al cargo”.

Obviamente, las disculpas desde el Ministerio de Exteriores se sucedieron ayer para intentar calmar unos ánimos cada vez más cargados y que pueden incrementarse aún más en los próximos días si el Tribunal Constitucional decide ejecutar el incidente, por desobediencia a sus sentencias, abierto contra la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, que podría acarrearle sanciones cautelares e incluso penales.  

La Candidatura de Unidad Popular (CUP) se moviliza

Aunque todo indica que el alto tribunal no moverá un músculo hasta que resuelva el proceso de reforma administrativa en el que se encuentra enfrascado, el gobierno de Mariano Rajoy volvió ayer a reclamarle acciones inmediatas contra Forcadell y otros miembros del plan ejecutivo autonómico.

Todas estas medidas no amedrentan a las principales organizaciones que promueven la independencia de Cataluña. Ayer volvieron a apelar a que solo un incremento de las movilizaciones populares pueden “garantizar el normal funcionamiento de la sede de la soberanía catalana, el Parlament”. Una situación que para la CUP, la principal fuerza política de izquierda soberanista, comienza a mostrar síntomas de bloqueo que hará necesario activar la desobediencia civil.

Así lo manifestó la parlamentaria Anna Gabriel, para quien habrá que plantear “una huelga general” en caso de que el gobierno español insista en que la única vía para frenar el proceso soberanista está en los tribunales. (I)