Sin suficientes rampas en caminerías, edificios ni en el transporte público, Caracas, la capital venezolana, impone barreras a las personas con discapacidad para movilizarse de forma segura e independiente.

Amarrado con un cinto de seguridad a su silla de ruedas, sujetando sus manos a una motocicleta, José Marcano se traslada desde el lugar donde vive, en una zona pobre de la capital venezolana, hasta el centro de rehabilitación. Sabe que es peligroso, pero lamenta que sea una de las pocas opciones que tiene para poder ir de un lugar a otro.

“Me expongo a que me choquen, a un accidente”, advierte Marcano, un joven venezolano que sufrió una lesión medular tras recibir un disparo durante un asalto. Al quedar en esta condición se volvió dependiente de otros.

Las cifras de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) revelan que un 46 % de las edificaciones públicas de Venezuela tienen limitaciones para el acceso de personas con discapacidad.

A esto se suma que si ocurre una falla de electricidad y los ascensores quedan fuera de servicio, los ciudadanos en esta condición deben subir de un piso a otro en hombros de quien pueda ayudarles.

De acuerdo con Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, en el país no existe un sistema de políticas públicas que atienda las necesidades de las personas con discapacidad.

“El Estado no cumple y no brinda la atención necesaria que requiere este sector vulnerable de la población”, indica Gouveia.

Otro de los afectados es Rafael Arreaza, un venezolano que usa silla de ruedas desde hace nueve años, que lamenta que el transporte público no esté adaptado para los ciudadanos que viven con algún impedimento.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que asegura mantener una lucha contra la desigualdad y la pobreza, recientemente anunció la creación de un carnet para que personas con discapacidad reciban un bono que, de acuerdo con la plataforma de registro es de 16.000 bolívares mensuales, equivalente a $ 1,23 al cambio oficial. (I)