La Cámara de Diputados brasileña, dominada por los conservadores, le dio un golpe al movimiento laborista de Brasil y al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con la aprobación de un proyecto que legaliza la tercerización y flexibiliza de hecho las normas laborales en vigor desde 1943.

La jugada fue del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha,  quien es proclamado por algunos analistas como el hombre más poderoso del país en este momento en que la gestión Rousseff pasa por una crisis de articulación política con el Congreso, en especial con el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

Cunha y el titular del Senado, Renán Calheiros, son del PMDB, son llamados de “primer ministros” por haber tomado las riendas de las decisiones económicas que el gobierno promueve. Pertenecen al mismo partido del vicepresidente Michel Temer, pero cuentan con el respaldo del Poder Legislativo más conservador que se registre desde 1964. Al punto de que esta misma semana comenzó a tratarse la baja de la reducción penal de 18 a 16 años, también contra la posición de Rousseff.

La votación ha tomado de sorpresa al gobierno y a la izquierda en general ante un proyecto que estaba dormido hace 11 años. Fue aprobado por 324 votos a favor, 137 en contra y 2 abstenciones, y en caso de ser aprobado por el Senado, modificará  la legislación laboral brasileña, ya que autoriza contratos sin relación de dependencia y sin indemnización por despido, por ejemplo. Hasta el momento las empresas pueden tercerizar servicios a los que no se dedican, como limpieza, seguridad o alimentación.

“Con esta ley, el patrón despide al trabajador formal actual y luego lo recontrata con menor salario y menos derechos como una persona jurídica. Es la precarización laboral legalizada”, sostuvo Vagner Freitas, titular de la Central Única de Trabajadores, quien convoca para el 15 a una paralización nacional.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Rousseff, el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), y el opositor Partido Socialismo y Libertad fueron los únicos que rechazaron la medida.

La votación llega en el momento de aumento del desempleo (saltó del 6,8% en diciembre al 7,6%). Según estadísticas de los sindicatos y de organismos no gubernamentales, los trabajadores tercerizados sufren una baja del salario 24% menor que los contratados dentro del régimen laboral de dependencia.

De acuerdo al analista Roberto Amaral, el problema actual de Brasil es político, ya que el presidencialismo de coalición que rigió a Brasil desde 1985 (fin de la dictadura) ahora se transformó en “parlamentarismo de facto”, con legisladores y mayorías que resultan ser más poderosas que el Poder Ejecutivo. (I)