Las comunicaciones de la administración pública brasileña en internet deberán ser realizadas a partir de marzo próximo a través de redes propias que están en desarrollo, a fin de limitar el efecto del espionaje extranjero, según un decreto publicado hoy en el Diario Oficial.

El decreto, sancionado por la presidenta Dilma Rousseff, dice que "todas las comunicaciones de datos" circularán por "las redes de telecomunicaciones y servicios de tecnología de la información de los organismos o entidades de la administración pública federal."

La decisión es una respuesta a las actividades de los servicios de inteligencia de EE.UU., que, según documentos revelados por el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) Edward Snowden, espiaron las comunicaciones de la propia Rousseff, de varios de sus ministros y de estratégicas empresas, como la estatal Petrobras.

Actualmente la administración pública brasileña utiliza sistemas de correos electrónicos de la empresa Microsoft, que en un máximo de 120 días serán sustituidos por software desarrollado por el estatal Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro).

El decreto puntualiza que la decisión, anunciada previamente por Rousseff hace más de un mes, fue tomada "de cara a la preservación de la seguridad nacional".

Como respuesta a las actividades de Estados Unidos, el Gobierno de Brasil también presentó ante la ONU, junto con Alemania, un proyecto de resolución dirigido a establecer límites al espionaje electrónico y garantizar la privacidad de los usuarios de internet.

Esta semana, el diario Folha de Sao Paulo reveló documentos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) según los cuales Brasil también espió a diplomáticos de Rusia, Irán e Iraq residentes en el país entre los años 2003 y 2004.

Asimismo, otros documentos de la ABIN obtenidos por Folha de Sao Paulo aseguran que esa agencia brasileña también vigiló la actividad de espías franceses y llegó a temer que hubieran tenido algún tipo de participación en un accidente que, en 2003, destruyó la base de lanzamientos de satélites del país en la Amazonía.

El desastre, atribuido oficialmente a un problema eléctrico, causó 21 muertos y, según los documentos publicados por Folha de Sao Paulo, la ABIN llegó a sospechar que los agentes franceses pudieran haber saboteado las instalaciones.

El documento, aunque dice que los agentes franceses fueron vigilados por la ABIN, aclara que no se descubrieron indicios de un posible sabotaje.

El Gobierno aún no ha comentado la vigilancia a los agentes de Francia, pero sobre la actividad de la ABIN respecto a diplomáticos rusos, iraquíes e iraníes alegó que se debió a razones de seguridad nacional.

Según una nota oficial divulgada este lunes por la Presidencia, las operaciones de la ABIN son "legales" y persiguen "la defensa del estado democrático de derecho, la sociedad y la soberanía nacional, con total respeto a los principios constitucionales y a los derechos y garantías individuales".