Millones de brasileños detuvieron el país en una jornada de paros y movilizaciones que afectaron los servicios básicos en reclamo de la renuncia del presidente Michel Temer. La consigna fue rechazar las reformas liberales de las leyes de jubilación y del trabajo que impulsa el gobierno.

Caos en el tránsito por la huelga del metro y transportes, más cortes de carreteras se registraron en Sao Paulo, la mayor ciudad del país, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza y Recife. También pararon los maestros de las redes públicas, los médicos y gran parte de los empleados de los estados amazónicos.

La medida también fue acogida en el Poder Judicial y en la administración pública porque el país está transitando la peor recesión de su historia, tras la caída del 3,8% del PIB del año pasado y cerca de 12% de desocupación.

En Sao Paulo, el alcalde Joao Doria -un aliado de Temer- eliminó las restricciones de estacionamiento para automóviles en una ciudad que quedó colapsada, con 210 kilómetros de calles congestionadas, un récord para 2017.

En Brasilia, los movimientos Sin Techo y Sin Tierra (MST) ocuparon la antesala -con 5.000 personas- del Ministerio de Economía, en rechazo a la propuesta de reforma jubilatoria, que obliga a un trabajador a aportar durante 49 años para cobrar su jubilación completa. Actualmente el régimen tiene en cuenta 30 años de aportes como piso.

“Este gobierno no tiene legitimidad para encabezar estas reformas, ya que el proyecto que se presenta no fue electo, es producto de un golpe contra Dilma Rousseff. Los cambios que se proponen son para retirar derechos y para aumentar el lucro de los empresarios”, dijo Douglas Izzo, de la Central Única de Trabajadores.

La lista de sobornos implica a 300 funcionarios

La movilización se produce en medio del sismo político generado por la ya célebre ‘lista de Odebrecht’, las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la empresa constructora en la que revelan supuestos ilícitos contra la clase política.

Cinco ministros de Temer, los ex presidentes Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, los excandidatos presidenciales José Serra y Aecio Neves, más los titulares de Diputados y el Senado están en el monumental pedido de investigación por corrupción por parte del fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, instancias enviadas a los jueces con base en las acusaciones premiadas de 77 ejecutivos del grupo Odebrecht, informó la TV Globo.

Fueron 300 pedidos de investigación ante la corte suprema, 83 para funcionarios con fueros, parlamentarios y gobernadores, el resto para personas que dependen de otros juzgados.

Rousseff en un comunicado denunció haber sido incluida sobre la base de ‘hilaciones’ en un expediente aún bajo un secreto de sumario.

Según filtraciones citadas por la prensa, el ‘tsunami’ de la delación de Odebrecht  afectó directamente al presidente Michel Temer y su círculo de poder, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). Temer no fue incluido en la lista de investigados porque está involucrado en un supuesto delito, pedir dinero a la constructora para campañas, anterior a su condición de mandatario.

Delatores de Odebrecht acordaron con la fiscalía su reducción de penas. Los principales directivos admitieron haber sobornado a cientos de políticos en la última década en 12 países financiando campañas de forma ilegal en los años 40 en Brasil. (I)

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Los aportes de Odebrecht enredan a Santos

Rafael Croda, corresponsal en Bogotá 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, era ayer el protagonista de un nuevo capítulo del escándalo desatado por la trama de corrupción de la constructora Odebrecht luego de que el exgerente de su campaña electoral de 2010, Roberto Prieto, revelara que esa firma brasileña aportó $ 400.000 para imprimir dos millones de afiches proselitistas.

Ante la ilegalidad de esa operación, pues la ley colombiana prohíbe aportes de empresas extranjeras a campañas políticas, Santos consideró que se trata de un “hecho bochornoso” pero aclaró que él desconocía acerca de ese pago.

“Me acabo de enterar”, aseguró el mandatario tras conocer la revelación de Prieto, a quien llamó a responder por ese aporte ilegal.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que se iniciará una investigación para determinar si alguno de los implicados incurrió en responsabilidades penales, que en principio no existen porque los eventuales delitos relacionados con las campañas electorales de 2010 -que fue cuando ocurrió el aporte de Odebrecht- prescribieron en 2013.

Santos, sin embargo, pidió ayer al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indagar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) si es posible levantar la prescripción del caso para que ese organismo determine la procedencia de los fondos destinados a la financiación de su campaña de 2010.

Además rechazó la renuncia de Santiago Rojas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual presentó ese funcionario tras ser acusado por Prieto de ser él quien arregló con Odebrecht el pago de los dos millones de afiches proselitistas a la firma Impressa Group. (I)