La Procuraduría de Brasil reclamó ayer un resarcimiento de unos $ 1.550 millones a empresas involucradas en el escándalo de corrupción que sacude a la estatal Petrobras.

El pedido contempla una indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas, y es el primero de esta clase en la investigación de la red montada entre directivos de la empresa y contratistas para amañar licitaciones y lavar dinero.

“La acusación de enriquecimiento ilícito por los hechos averiguados en la Operación Lava Jato (lavadero de autos) involucra a las compañías Camargo Corrêa, Sanko, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia, Engevix y a sus ejecutivos”, señaló el Ministerio Público Federal (MPF), del que depende la Procuraduría.

La sanción, en caso de ser efectivizada, prohibiría a estas firmas realizar contratos con el Estado y recibir beneficios o incentivos fiscales y crediticios. Es extensivo a otras empresas de los grupos señalados que se desempeñen en las mismas actividades.

El resarcimiento se enmarca en el capítulo civil de los crímenes investigados que alcanzan exclusivamente al exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa -en arresto domiciliario-, uno de los varios implicados en la causa.

Costa suscribió un acuerdo de colaboración a cambio de reducir  su condena y la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.

La medida fue solicitada por la fiscalía federal en el estado sureño de Paraná, donde se encuentra la mayoría de los procesos actualmente, y será evaluada por la justicia de ese distrito.  

El pago de sobornos a directivos de Petrobras variaba entre 1% y 3% del total de los contratos multimillonarios que se suscribían en subastas fraudulentas, explicó el MPF.

Ese esquema movió unos $ 4.000 millones durante una década y también estaba integrado por operadores financieros que se encargaban de distribuir y lavar los fondos.

El escándalo de corrupción que se enquistó en la hasta hace poco empresa emblemática de Brasil invadió la agenda política desde el inicio del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff en enero.

La presidenta, quien no ha sido vinculada directamente al escándalo pese a haber encabezado la junta de Petrobras varios años mientras existieron esos sobornos, ha dicho que la investigación cambiaría para siempre a Brasil y limpiará sus prácticas de negocios.

El escándalo se acercó este mes al gobernante Partido de los Trabajadores, cuando João Vaccari Neto, tesorero de la agrupación fundada por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, fue llevado a declarar por la fuerza, aunque poco después fue liberado.

Antes de conocerse el pedido de la fiscalía, Rousseff había dicho que debió investigarse lo que sucedía en Petrobras 20 años atrás, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). “En Brasil está ocurriendo un proceso de investigación como nunca se había hecho. No es que antes no hubiera existido, es que antes no se había investigado lo que estaba sucediendo”, aseguró a un grupo de periodistas en el Palacio de Gobierno.

En los próximos días la Procuraduría General de la República deberá solicitar la apertura formal de procesos para investigar a políticos con fueros vigentes.