El gobierno de Michel Temer espera que pase el carnaval para impulsar la aprobación de una ley que permitirá la compra de hasta 100.000 hectáreas de tierras productivas para el agro-negocio a empresas y fondos de inversión extranjeros. La medida encuentra resistencia entre las Fuerzas Armadas y es rechazada por la oposición y los grupos ambientalistas.

El autor del proyecto es el empresario agrícola y diputado Newton Cardoso del Partido del oficialista Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

En diálogo con EL TELÉGRAFO, Cardoso dijo que la política se inscribe en la serie de medidas que el país está tomando para abrir el apetito de los inversores extranjeros.

“Queremos liberar la venta de tierras a extranjeros para que tengan seguridad jurídica para invertir en el campo brasileño”, dijo. Lo mismo expresó el ministro de Economía, Henrique Meirelles, quien afirmó que “es una medida necesaria para permitir la bienvenida de inversiones”.

La venta de tierra a extranjeros siempre estuvo bajo la nebulosa judicial, hasta que en 1998 la Abogacía General de la Unión (AGU) la restringió y los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff (2011-2016) la prohibieron por tratarse de un asunto de soberanía nacional e independencia económica del suelo.

Dentro del propio gobierno hay matices, ya que se trata de una coalición de derechas con intereses diversos surgida después del polémico juicio político que destituyó a Rousseff del poder y creó una alianza parlamentaria en torno del entonces exvicepresidente Temer, acusado de golpista por su excompañera de fórmula.

En ese sentido, el ‘exrey de la soya brasileño’ Blairo Maggi, hoy ministro de Agricultura, considera que cultivos como el maíz y la soya deben quedar afuera del proyecto, ya que los inversores podrían cambiar de rubro en caso de oscilaciones de precios. Brasil es el segundo productor mundial de soya y maíz, detrás de Estados Unidos.

Sectores ambientalistas, como Greenpeace y los más nacionalistas de las Fuerzas Armadas, se oponen, unos por la deforestación y comercialización del uso del suelo y otros porque el terreno productivo, para los militares, es considerado un asunto de soberanía nacional.

El diputado Cardoso anticipó que los inversores extranjeros, además de poder tener acceso a 100.000 hectáreas, podrán arrendar otras 100.000 a pequeños productores de las regiones.

Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del opositor Partido de los Trabajadores (PT), Carlos Zarattini, afirmó a El TELÉGRAFO que el gobierno de Temer mantiene una línea de “entrega” del patrimonio nacional, tanto en este asunto como en el petrolero, por ejemplo.

“Están haciendo lo mismo, entregando patrimonio nacional, en la industria petrolera. Brasil así perderá autonomía en la producción de alimentos, en la energía, ya que la producción agrícola es fuente de energía de biocombustibles”, dijo el legislador. Es que la caña de azúcar es la base del etanol y todos los automóviles fabricados en Brasil, desde 2009, son bicombustible, es decir, es un competidor más barato que el combustible. “Vamos a estar en manos de las empresas multinacionales extranjeras, abriendo el territorio brasileño para ellos”, dijo Zarattini.

La Abogacía General de la Unión del gobierno de Rousseff emitió en 2011 un contrario a la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre todo porque en esa época China y fondos de inversión estadounidenses pretendían hacerse de tierras brasileñas para dominar todo el ciclo de producción de granos, sobre todo el complejo soya.

En tiempos de carnaval los ruralistas brasileños reaccionaron con vehemencia para repudiar el desfile que en Río de Janeiro prepara Imperatriz Leopoldinense, una de las escuelas de samba de la ciudad maravillosa, que eligió como tema la defensa del patrimonio indígena nacional y la crítica al avance de la especulación agrícola sobre las tierras ancestrales. (I)

DATOS

Hasta 1998 hubo una ley, creada en 1971, que permitía a las empresas extranjeras con sede en Brasil comprar tierras.

El procurador general de la Unión interpretó que las empresas nacionales y extranjeras no podían ser tratadas de manera diferente y libera la compra de terrenos.

La ley generó la crítica en algunos sectores de la sociedad brasileña, ya que este tipo de adquisiciones implica el control de amplias zonas de terreno a grupos subordinados a potencias extranjeras.

Ante las presiones sobre el tema, un nuevo dictamen del procurador general de la Unión en 2010 restaura las restricciones para la adquisición de este tipo de propiedades y prohíbe a las empresas extranjeras obtener el control, manejo y explotación de las tierras en el país.