Reinventar la historia de la dictadura en Brasil ha sido una constante de la agenda de la nueva derecha brasileña y se repitió en cientos de manifestaciones en favor de una intervención militar.

No obstante, desde que Jair Bolsonaro, antiguo capitán en la reserva, asumió el poder, el gobierno incrementó los cuestionamientos de aquella época y avivó el enfrentamiento con los defensores de los derechos humanos.

En uno de los hechos más recientes el presidente de Brasil afirmó que, pese a que no está “obligado”, explicará a la Suprema Corte del país sus declaraciones sobre la desaparición y muerte del activista Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, en la dictadura militar (1964-1985).

Durante su carrera política, Bolsonaro, de 64 años, nunca escondió la nostalgia que siente por el régimen militar y desde que llegó al poder, el pasado 1 de enero, el ultraderechista mantiene el tono que empleó como candidato.

Bolsonaro causó polémica, la semana pasada, al afirmar que el activista, padre del presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, fue asesinado por miembros de la facción de la organización política de izquierdas Acción Popular (AP), una versión que no coincide con la de los organismos encargados de investigar los crímenes durante el régimen militar.

“Esa suerte de declaraciones reabre muchas heridas en la sociedad brasileña porque se trata de un jefe de Estado que actúa completamente fuera de lo que se espera de un presidente”, expresó el dirigente de la OAB.

La Fiscalía, sin embargo, sustentó la tesis de la comisión y presentó una denuncia pública contra Cláudio Antonio Guerra, excomisario del desaparecido Departamento de Orden Público y Social (DOPS), por ocultar e incinerar 12 cadáveres en el período del régimen.

Entre los cuerpos incinerados por Guerra, de 79 años, estaría el de Fernando Santa Cruz, recoge la Fiscalía en base a los relatos del propio excomisario.

Guerra narró los crímenes de forma espontánea en el libro “Una Guerra Sucia”, en el que cuenta que de 1973 a 1975 trasladó 12 cuerpos.

Para la Fiscalía, los crímenes cometidos por Guerra no están amparados por la amplia amnistía dictada por el propio régimen en 1979 al considerar que la ley “trata de delitos con motivación política”.

Según la Comisión Nacional de la Verdad, instaurada en el año 2012 en el gobierno progresista de Dilma Rousseff para investigar los crímenes cometidos en el régimen militar, en el período mencionado se torturaron a más de 20.000 personas y fueron asesinadas 434 compatriotas.

Afirmaciones de Bolsonaro

Luego de las declaraciones del presidente, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, estableció un plazo de 15 días para que conteste, sí así desea, los cuestionamientos por su afirmación.

“Lamento todas las muertes que ocurrieron en los dos lados. Si no existiera aquel deseo de implantar el comunismo en Brasil, no habría nada de eso”, recalcó nuevamente el mandatario.

El jueves, pese a las crecientes críticas de diversos sectores de la sociedad brasileña, Bolsonaro cambió a cuatro de los siete miembros que integran la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, encargada de investigar los crímenes cometidos en el período militar, porque, dijo, ahora el Gobierno “es de derechas”.

A esto se suma que en marzo el mandatario determinó la conmemoración en los cuarteles del golpe militar de 1964, algo inédito desde que el país retomó la democracia en 1985.

En el juicio político que despojó a Dilma Rousseff de la presidencia en el año 2016, el entonces diputado también dedicó su voto a Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los jefes del aparato represivo de la dictadura y a quien calificó como el “pavor de Rousseff”. Ella aseguró que fue torturada por el coronel. (I)