El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, seguirá detenido. El Supremo Tribunal Federal debatirá la próxima semana sobre la constitucionalidad de arrestar a los condenados en segunda instancia.

La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mello, que está a favor de darle curso a la inconstitucionalidad de la detención de personas privadas de libertad con fallos de segunda instancia, como es el caso de Lula.

El juez Mello decidió postergar por cinco días hábiles el tratamiento de la acción de inconstitucionalidad presentado el Partido Ecológico Nacional (PEN), conocido como Patriotas.

Es que surgió un conflicto de último momento: el partido derechista anunció que quiere retirar la demanda porque esta puede beneficiar a Lula. Se trata de una crucial decisión de la corte para ver si mantiene la jurisprudencia de 2016, a pedido de la Operación Lava Jato (Autolavado), de que los condenados en segunda instancia pueden ir a la cárcel, contra lo que afirma la Constitución.

Existe otra acción de inconstitucionalidad contra la prisión en segunda instancia -el caso del líder del Partido de los Trabajadores (PT)- que fue presentada por la Orden de Abogados de Brasil.

Los reveses para Lula en la prisión continúan en el ámbito judicial: El juez Sérgio Moro prohibió “privilegios” en la sala donde está detenido el expresidente (2003-2010), como una flexibilización en el régimen de visitas en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, sur del país.

Nueve gobernadores intentaron ver al detenido y fueron impedidos por decisión judicial. Lula solo puede recibir visitas de sus abogados en los días de semana y los miércoles de su familia.

En este clima, un acampe con 1.000 militantes se transformó en lo que denominaron “resistencia” para denunciar que Lula es un “preso político”, como mencionó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

Es por eso que a cinco días de su detención, el sindicato de policías federales pidió a las autoridades cambiar a Lula a un cuartel del Ejército por los trastornos generados por el acampe y la movilización de todo el país que está generando la polémica detención. “A Lula lo están canonizando con esta captura”, dijo el exgobernador de Bahía y posible reemplazante del exmandatario en la papeleta electoral, Jacques Wagner.

El juez Moro, al participar de un evento organizado por el grupo mediático RBS en Porto Alegre, dijo que el habeas corpus del miércoles pasado, que hizo prevalecer la jurisprudencia en el caso Lula “mantuvo la seguridad jurídica en Brasil”.

Las malas noticias para Lula no se detuvieron: en Sao Paulo, un magistrado pidió congelar $ 10 millones del Instituto Lula como parte de un proceso administrativo por deudas tributarias. “Ni él ni el Instituto tienen ese dinero y esta acción es un capítulo más de la inconstitucionalidad de una prisión sin sentido y una condena sin pruebas”, dijo Cristiano Zanin Martins su abogado de 72 años.

El juez Moro envió a Lula a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión -por corrupción pasiva y lavado de dinero en la causa Lava Jato- a una sala sin rejas de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.

Sin Lula en la carrera electoral para octubre, el ultraderechista Jair Bolsonaro es el favorito a vencer los comicios, por sobre el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, quien renunció al cargo para participar de los comicios.

Alckmin, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) fundado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, perdió los fueros y está en la mira al ser delatado por tres ejecutivos de Odebrecht de recibir $3 millones en sobornos o pagos ilegales de campañas a través de su cuñado. (I)