El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, acusó el jueves al fiscal de la nación de haberlo puesto bajo investigación por la corrupción de Petrobras por razones políticas, durante una declaración ante el Congreso.

Cunha no dio detalles de su afirmación, pero su declaración pública alimenta la confrontación abierta entre su fuerza, el PMDB, que es aliado al gobierno, y el Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff para ganar espacios de poder en la coalición gobernante.

La detonación del escándalo de sobornos, fraudes, desvío de fondos y lavado de dinero dentro de la petrolera estatal se convirtió en una causa que puso bajo sospecha a buena parte de la élite empresaria y política de Brasil, en momentos en que el país atraviesa una crisis institucional y un panorama económico muy negativo.

"Es una selección hecha de forma irresponsable y liviana para transferir la crisis de la calle hacia acá", sentenció un elocuente Cunha en el seno de la cámara que preside.

"Hubo una selección política", completó entre algunos aplausos de sus colegas. Cunha se presentó en la comisión de investigación parlamentaria que estudia el escándalo en Petrobras en forma espontánea y dominó la sesión desde su inicio.

Varios de sus colegas lo respaldaron y calificaron los indicios en su contra como "débiles", en una muestra de su fuerza dentro de la cámara.

Cunha apareció mencionado en una de las delaciones que realizaron acusados del fraude ante la justicia, a cambio de una reducción de su eventual condena.

Su nombre integra la lista de 49 personas que serán investigadas por ser sospechosas de estar involucradas en el escándalo en Petrobras, entre ellos 12 senadores y 22 diputados en funciones.

La difusión de esta lista la semana pasada levantó la tensión política en la séptima economía del mundo a niveles no vistos en muchos años.

El sinfín de problemas que enfrenta el país fue el combustible para que distintas organizaciones apoyadas por partidos políticos convoquen a una protesta el domingo en varias ciudades para impulsar un impeachment (destitución) de Rousseff.

El submundo de delitos que se enquistó en Petrobras asoció a algunas de las mayores empresas constructoras del país, que daban dinero ilegal a directivos de la petrolera y a operadores políticos a cambio de dejarlas digitar las licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, para luego lavar los millonarios excedentes mayormente en el extranjero.