Si las calles brasileñas quisieron enviar mensajes, ciertamente contrastan con lo exhibido por algunas chispas institucionales: tres políticos del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB, centro), del vicepresidente Michel Temer, usaron aviones de la Fuerza Aérea para cuestiones personales. Son el ministro de Previsión Social, Garibaldi Alves, y su primo, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Alves, quienes usaron las aeronaves para viajar a Río de Janeiro y ver desde el palco VIP la final España-Brasil, por la Copa de las Confederaciones, y aplaudir a los goleadores Neymar y Fred, figuras del 3-0.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, del PMDB, usó un avión militar para ir desde Maceió, su ciudad natal, hasta Porto Seguro, a un casamiento. Y el presidente de la máxima corte del país, Joaquim Barbosa, empleó dinero público asignado para viajes con destino a Río de Janeiro, donde el 2 de junio asistió en el camarote de la TV Globo el amistoso Brasil Inglaterra en el estadio Maracaná.  

Salvo Barbosa, los políticos del PMDB del expresidente José Sarney (1985-1990) en pleno son los máximos responsables de haber frenado la reforma política como quería la presidenta Dilma Rousseff: es decir, convocando a un plebiscito sobre una asamblea constituyente específica para dictar la reforma política.  

El desafío de las instituciones brasileñas es saber interpretar el mensaje de las callesLa política de alianzas tejida por el expresidente Luiz Lula da Silva para sustentar a Rousseff “es cuanto menos esdrújula”, dice el líder del Movimiento Sin Tierra (MST), el economista Joao Pedro Stédile, para respaldar el reclamo de las calles y reclamar el tan esperado por los movimientos sociales “volantazo” a la izquierda en la agenda del gobierno. “La Constitución de 1988 no da las respuestas al sistema político”, dijo la presidenta Dilma Rousseff. El primer objetivo es alterar el sistema de financiación de campañas.

El Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Lula da Silva, la fuerza con mejor imagen del país, propone que el Estado financie todas las campañas electores y se eliminen las contribuciones empresariales. “Allí anida gran parte de la corrupción”, dice a EL TELÉGRAFO el diputado federal Florisvaldo Frier, más conocido como “Doctor Rosinha”, del PT.

La reforma política es uno de los cinco grandes pactos que Rousseff propuso a gobernadores y alcaldes oficialistas, aliados y opositores como respuesta a las gigantescas manifestaciones que durante tres semanas pusieron a las instituciones brasileñas de rodillas, que se iniciaron con reclamos concretos de rebaja de tarifas de transporte público llegando hasta episodios de violencia en adyacencias de los estadios donde se disputaba la Copa de las Confederaciones, contra el gasto público y privado usado para el Mundial 2014. Los otros son responsabilidad fiscal, educación, salud y un plan nacional de transporte público.

La propuesta de una asamblea constituyente para reformar la política a Rousseff le duró 24 horas. Se la abortó el vicepresidente Temer antes que la oposición. Al mismo tiempo, el senador Calheiros y el diputado Alves, desde el Congreso, iniciaron votaciones a la carta, en forma urgente, de asuntos importantes como el destino del dinero de las regalías petroleras o convertir en crimen grave a los hechos de corrupción estatal.

Los partidos de derecha se debilitaron, pero ese lugar fue ocupado por los medios de comunicaciónPero la pulseada sigue igual. El PMDB impulsa un plebiscito diseñado por el Congreso pero que pueda valer después de las elecciones presidenciales de 2014 en las que Rousseff se jugará la reelección. El PT lo quiere para este año. Y la oposición busca un referendo ya con cuestiones resueltas por el Congreso, por sí o por no.  La idea original de elegir constituyentes que no puedan ocupar luego cargos públicos parece haberse desvanecido. Y en su lugar los congresistas harán sus propias reglas de juego.

El candidato presidencial Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) calificó la convocatoria a reforma constitucional como “autoritaria y antidemocrática”. El aliado de la oposición en la Corte Suprema, el juez Gilmar Méndes, fue implacable para mantener el status quo: “Nos fuimos a dormir como Alemania y nos despertamos como Venezuela”, disparó.

Rousseff propuso realizar este año un plebiscito con preguntas al electorado sobre la reforma política, para la cual habrá una campaña que tendrá el apoyo del político preferido por la mayoría del país, Lula. “La oposición tiene una pesadilla llamada Lula”, sostiene Emir Sader, sociólogo autor del libro sobre la década del gobierno del PT.

La figura de Lula -pese a que rechazó querer ser candidato el próximo año- superó a Rousseff en intención de voto, según un sondeo de Datafolha. Lula tendría, tras las manifestaciones, 45% y Rousseff 30%. La popularidad de la primera presidenta mujer del gigante sudamericano se evaporó por el calor de las calles del 52% al 30%. Surgió, en segundo lugar, el nombre de Marina Silva, sin partido, exministra de Medio Ambiente de Lula y autoexiliada del PT, con 20% de intención de voto.

La presidenta ha ordenado el juego, como pudo, luego de que hasta su mandato estuviera en duda al calor de las manifestaciones convocadas inicialmente por el Movimiento Pase Libre contra el aumento del transporte en Sao Paulo y Río de Janeiro y luego expandidas por obra de partidos de la izquierda trotskista y organizaciones derechistas que basan en la corrupción del aparato estatal su norte de reclamos.  Las manifestaciones se retroalimentaban por la acción represora de las policías en los entornos de los estadios de la Copa de las Confederaciones. Fue la mayor movilización desde que se terminó la dictadura en 1985.

Por consejo de Lula, Rousseff, que impuso un perfil gerencial a su gestión, hizo algo que en los últimos dos años le reclamaba la clase política: convocó a los movimientos sociales, entre ellos los de Pase Libre, que reclamaron que la presidencia estaba “sin preparación” para discutir la propuesta de tarifa cero del transporte público.

También lanzó a todo el gobierno a aclarar que el Estado prestó dinero a clubes y estados para construir estadios y que los créditos serán debidamente pagados al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Pero ha pegado, al estilo de las consignas del mayo francés, en este “junio brasileño”, la consigna: “Queremos hospitales con el nivel de los estadios de la FIFA”. O “Disculpe los trastornos, estamos transformando a Brasil”. Otros reclamos lo han capitalizado los movimientos homosexuales, reclamando la salida del pastor Marco Feliciano de la comisión de derechos humanos de la Cámara baja, que defiende un proyecto del PSDB para tratar a la homosexualidad como una enfermedad. El caso se conoce como “la cura gay”.

“Dilma, sin dudas, está pagando el precio por su estilo de gobernar, que es centralizador y autoritario. Dilma tomó esta decisión sobre convocar a la reforma política y plebiscito bajo ese estándar”, analizó el cientista político Geraldo Tadeu Monteiro, del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro (Iuperj).

El desafío para las instituciones brasileñas es saber interpretar el mensaje de las calles, que pasa por la corrupción, el transporte público y los servicios sociales como educación y salud. “Nadie puso en duda el modelo económico durante las manifestaciones, estamos en época del menor desempleo de la historia”, reparó el ministro de Economía, Guido Mantega.

Para el diputado Rosinha, el gran culpable por no haber dotado a los jóvenes que ascendieron socialmente en la década de Lula y Dilma, es el propio Partido de los Trabajadores, que no logró convertirlos en ciudadanos integrales o en núcleo de militancia.

“El PT -analiza en diálogo con EL TELÉGRAFO- cometió el error de no disputar ideológicamente a los muchachos que entraron por primera vez a una universidad, cuyas familias recibían su primera casa en la periferia. Durante 10 años los partidos de derecha se debilitaron, pero ese lugar fue ocupado por los grandes medios de comunicación que negaron a Lula, a Dilma e inculcaban ideología de derecha ocultando la lucha política”.

El gobierno -según Rosinha- debe crear una empresa fuerte estatal de comunicación e imponer la diseminación de su discurso en las redes sociales, donde los manifestantes sin norte ideológico se agrupan. O, como graficó el músico, compositor y exministro de Cultura Gilberto Gil: desde las redes sociales, los jóvenes actúan como hormigas silenciosas que sin ser percibidas “han montado el hormiguero en nuestras narices”.