El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva levantó ampollas cuando el miércoles advirtió que la gigantesca operación "Lava Jato" contra la corrupción paraliza a empresas esenciales para la economía brasileña, como Petrobras y las grandes cementeras.

Pero más allá del aparente cinismo de las declaraciones de alguien que está en la mira del juez Sergio Moro, que hace dos años lanzó "Lava Jato" (lavado a presión), se trata de un asunto cada vez más discutido por analistas y economistas.

El propio Lula tuvo la precaución de citar como prueba un informe del FMI.

En una reunión con sindicalistas en Sao Paulo, el extornero mecánico destacó que "esa operación de combate a la corrupción es una necesidad para el país", antes de preguntarse "si no es posible combatir la corrupción sin cerrar empresas (...) y sin causar desempleo, porque según el FMI, 2,5 [puntos porcentuales] de la caída del PIB se deben al pánico creado en la sociedad brasileña".

"Cuando todo esto termine, podrá haber mucha gente presa, pero también podrá haber millones de desempleados", remachó Lula, ante una audiencia quizás algo sorprendida de aplaudir las supuestas conclusiones de un informe del FMI.

En enero pasado, el FMI agravó en 2,5 puntos porcentuales su previsión de la recesión de este año en Brasil, llevándola a -3,5%. El PIB brasileño ya se hundió un 3,8% en 2015.

Y el desempleo, entre tanto, no cesa de aumentar: en febrero, se situó en 8,2% de la población activa, frente a un 5,8% un año antes.

El economista-jefe del organismo financiero multilateral, Maurice Obstfeld, atribuyó buena parte del empeoramiento de las perspectivas a la "configuración política" de Brasil, con "el inicio de los procedimientos de impeachment [de la presidenta Dilma Rousseff] y el creciente alcance de las acusaciones de corrupción". Esos factores, prosiguió Obstfeld, "han socavado la confianza, como lo ha hecho el deterioro continuo de las perspectivas presupuestarias".

¿El oro y el Moro?

Las reacciones a las declaraciones de Lula no tardaron.

"La operación [Lava Jato] no ocasionó ningún perjuicio (...) y ya permitió recuperar más de 3.000 millones de reales" (unos 800 millones de dólares al cambio actual), así como bienes e inmuebles, declaró el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), Antonio César Bochenek, para quien la corrupción es la mayor causante de "perjuicios" a la economía.

"La impunidad aumenta la corrupción y la corrupción, ella sí, causa nefastos perjuicios a la economía", subrayó Bochenek, citado por el diario O Estado de Sao Paulo.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR), José Robalinho Cavalcanti, "Lula se empequeñece con declaraciones como esa, porque (...) tuvo la responsabilidad de dirigir el país y sabe muy bien que la situación económica actual deriva mucho más de decisiones de política económica que de cualquier investigación".

Para Gesner Oliveira, profesor de economía de la Fundación Getulio Vargas (FGV) en Sao Paulo y socio de la consultora GO Associados, sería ingenuo negar que la lucha contra la corrupción tiene "costos y beneficios", aunque los primeros pueden mitigarse.

Las investigaciones del juez Moro revelaron una gigantesca trama de sobornos pagados por grandes cementeras a Petrobras y a políticos para ganar licitaciones. Unas cien personas, desde directivos de la estatal Petrobras a dueños de las mayores constructoras del país, ya fueron condenadas en el marco de esa operación.

Obras paradas, crédito cerrado

Desde entonces, "el sistema bancario cerró el crédito a las empresas implicadas y a todas las que tienen una relación con obras públicas", dijo Oliveira a la AFP.

Según proyecciones de OG Associados, el impacto de la lucha contra la corrupción puede estimarse en cerca de "3,6 puntos porcentuales del PIB" de Brasil, sumando los efectos directos, indirectos y en el nivel de renta de los centenares de miles de empleados de esas firmas.

Según un reporte de la revista IstoÉ en enero, Petrobras suspendió hacia fines de año el pago por mayores costos en obras, ante sospechas de corrupción, una decisión que dejó en la calle a 12.000 operarios de refinerías y astilleros. Las cementeras, por su lado, paralizaron o aplazaron la entrega de grandes proyectos.

Eso no es una razón para capitular ante la corrupción, apunta Oliveira, que fue presidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). "El combate a la corrupción es prioritario, pero sus efectos pueden atenuarse", destaca.

Para ello, propone llegar a "acuerdos rápidos con las empresas, acuerdos de indulgencia que permitan castigar a los responsables [de los escándalos], pero sin excluir a las firmas de las licitaciones públicas".

Pero lo más importante, para Oliveira, es "mejorar la gobernanza" tanto del sector público como del privado, para asegurarse que el mismo tipo de escándalo "no vuelva a ocurrir". (I)