Casi 30 años después de la caída de la dictadura en Brasil (1964-1985), la Comisión de la Verdad entregó a una conmovida Dilma Rousseff su informe final, en el que describe torturas y pide anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.

En dos años y siete meses de trabajo, la comisión (CNV) registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados "años de plomo", y se identificaron 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos.

Estas violaciones, perpetradas en su mayoría por el temido órgano de inteligencia y represión (DOI-CODI), comprendían la prisión o detención ilegal arbitraria; la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado; y la desaparición forzada, que incluye el ocultamiento del cadáver.

"Brasil merecía la verdad"

Durante su discurso en la ceremonia, la presidenta Rousseff derramó lágrimas. Dijo que pese a las atrocidades descritas en el texto, estas "no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas".

Indicó que el pueblo valora los pactos políticos que finalizaron en la democracia y que se "respeta y reverencia a todos los que lucharon por ella, a los que enfrentaron la truculencia ilegal del Estado y jamás dejaremos de enaltecerlos".

Según la Presidenta brasileña, el trabajo que se realizó para obtener el informe fue con el objetivo de “alcanzar la verdad y el respeto a la memoria". Además, indicó que se pretende la reconciliación nacional.

Para la Jefa de Estado, las 4.500 páginas se deben a que "Brasil merecía la verdad, las viejas y las nuevas generaciones merecían la verdad y también la merecían quienes perdieron familiares, compañeros y siguen sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día".

Conocer los hechos que ocurrieron en el pasado por el régimen militar, la historia, es "imprescindible para construirla mejor. La verdad no significa revancha, sino permitir que todo pueda ser explicado, dicho y sabido", apuntó.

La Gobernante reiteró que la entrega del informe es un  "homenaje a un país que ya tiene tres décadas de camino democrático y que así persistirá".

¿Qué dice el informe?

El documento incrementa el número de personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura a 434 desde una cifra oficial calculada previamente en 362.

De acuerdo con la comisión, 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ya sea desde el plano político e institucional como por autoría directa.

También identifica a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura -todos ya fallecidos- desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985). También se mencionan a exministros y altos jefes militares.

Incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones, así como choques eléctricos en órganos sexuales.
"Además de los choques eléctricos en la vagina, en el ano, en los senos, me obligaron a bailar desnuda para los policías", contó Márcia Bassetto Paes, detenida en 1977.

Entre los métodos destacó el pau de arara, donde el torturado era amarrado de manos y pies a un palo, como si fuese un animal a punto de ser asado.

El grupo de trabajo aseguró que también hubo graves violaciones de los derechos humanos contra niños, campesinos e indígenas.

El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8.350 indígenas, aunque la cifra podría ser mayor.

"No a la amnistía" y recomendaciones

La CNV consideró que la aplicación de la ley de amnistía de 1979, que protege a los militares que violaron los derechos humanos, es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional.

Esos delitos "constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía", dice en sus recomendaciones.

Recuerda que en América Latina hay significativa jurisprudencia respecto a la no aplicación de leyes de amnistía a crímenes de lesa humanidad. Además, exhorta a las Fuerzas Armadas a pedir disculpas.

Propone que se prohíban celebraciones oficiales que conmemoren el golpe de Estado y que se incluyan temas sobre democracia y derechos humanos en el currículo de las academias militares y policiales.

Recomienda garantizar además la atención médica y psicológica permanente de víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Pide, finalmente, instalar en Brasilia un Museo de la Memoria, continuar con la localización de los desaparecidos y fortalecer la política de localización y apertura de archivos de la dictadura militar.

Video en portugués

La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y cuyo testimonio ha sido recogido por este grupo de trabajo, al igual que el de sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.