Unos 230 represores brasileños que cometieron torturas, desapariciones y asesinatos caminan libremente en las playas, shoppings, plazas, escuelas de Brasil. Existen otros que gozan de libertad, pero no han sido detectados.

Esta es una de las conclusiones del primer año de trabajo de la Comisión de la Verdad que investiga la dictadura militar brasileña (1964-1985), un ente creado por la presidenta Dilma Rousseff que rompió un tabú de décadas y anunció que recomendará, el próximo año, derogar la Ley de Amnistía de 1979, con la cual es imposible juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país de la samba.       

Todos los dictadores del régimen militar brasileño -Humberto Castello Branco, Artur Costa e Silva, Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo- han muerto sin haber sido juzgados en el país que menos avanzó en Sudamérica en políticas de derechos humanos vinculadas a la represión ilegal de las dictaduras.

A un año de ser creada por la presidenta Dilma Rousseff, la Comisión de la Verdad también echó por tierra el argumento principal de los que reivindican el golpe del 31 de marzo de 1964 contra el presidente laborista Joao Goulart: las torturas y desapariciones comenzaron antes del surgimiento de la aparición de grupos de izquierda armada. Universidades públicas y sedes de empresas estatales como Petrobras fueron convertidos por los militares en centros de torturas instalados por una doctrina importada de la Escuela de las Américas de Estados Unidos en Panamá y de las tácticas de represión francesa en Indochina, según el balance preliminar de la Comisión de la Verdad.

La dictadura militar tiene consenso en
las clases medias
que celebran el
golpe de 1964La ley de Amnistía "es una autoamnistía", afirmó Rosa Cardozo, miembro de la Comisión de la Verdad, quien fue la abogada de la presidenta Rousseff cuando fue detenida entre 1970 y 1972, lapso en el que sufrió torturas seguidas durante 22 días por los agentes de la represión, cuando militaba en la resistencia armada, en el grupo Vanguardia Armada Revolucionaria (VAR-Palmares).

La Comisión de la Verdad no tiene capacidad de juzgar pero, aclaró Cardozo, deberá recomendar "que los crímenes de lesa humanidad no están protegidos por auto-amnistías". Si la ley es derogada por el Congreso o por la máxima corte, se abrirán juicios por un proceso militar iniciado hace 49 años.

El coordinador de la Comisión, el diplomático Paulo Cesar Pinheiro, relator independiente de la ONU para Siria, recordó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA "las autoamnistías son nulas" y que Brasil forma parte de ese sistema desde 1993. "Mi posición es la de la CIDH. Debemos cumplir sus sentencias", afirmó Pinheiro. El avance hacia la Ley de Amnistía es el principal reclamo de los organismos de derechos humanos, pero ningún gobierno se ha animado a derogarla.

Para Cecilia Coimbra, líder histórica del grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, ante una consulta de El Telégrafo, "la ley de Amnistía es un pacto de silencio y convivencia entre militares y políticos de todas las tendencias que ha gobernado a Brasil hasta el día de hoy".

El Supremo Tribunal Federal en 2010, bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, determinó por mayoría la vigencia de la Ley de Amnistía, sancionada en 1979 por el dictador Joao Baptista Figueireido, que evita la apertura de proceso a los violadores de derechos humanos.

En su momento, la ley fue el marco para el regreso de miles de exiliados perseguidos por el régimen a cambio de garantizar la impunidad para los agentes del Estado y sus financiadores privados.

A un año de su creación, la Comisión de la Verdad divulgó que todos los documentos hallados y analizados en organismos públicos sobre los centros clandestinos de detención, torturas y persecuciones indican que los ministros y presidentes estaban al tanto de las violaciones a los derechos humanos.

Hasta el momento la cifra oficial de muertos y desaparecidos está en 400, pero pueden surgir muchos más. Organizaciones civiles estiman en miles los asesinatos y desapariciones, sobre todos las acciones de grupos parapoliciales que actuaban en las favelas y en las reservas indígenas para permitir obras de infraestructura y campo abierto para la actividad agrícola y ganadera.

Otro punto destacado por Pinheiro es la cooperación con Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia sobre el rol brasileño en el Plan Cóndor, la coordinación de las represiones sudamericanas en la que Brasil aparece como un participante activo.

Argentina, por ejemplo, entregó 66 cajas con documentos vinculados a la dictadura brasileña y a desaparecidos brasileños en Argentina bajo el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla, fallecido la semana pasada en la cárcel de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

Brasil nunca asumió directamente su participación en el plan Cóndor. "Los dictadores brasileños fueron más astutos que Augusto Pinochet por ejemplo, no firmaron las cartas fundacionales de la represión oficial sudamericana, pero sí ofrecieron todo el sistema represivo, diplomático y de defensa a las otras dictaduras", explicó Paulo César Pinheiro recientemente a este diario.

La dictadura militar en Brasil cuenta con un gran consenso en las clases medias y hasta en las instituciones. Hasta 2011, es decir, pasados los gobiernos de José Sarney (transición) y los electos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Lula, el Ejército tenía entre sus fechas de celebración al día 31 de marzo, día del golpe, al que llaman Revolución, y al que defienden por haber supuestamente detenido un avance comunista en la región.

Otra comisionada, la psicóloga María Rita Kehl, se quejó porque parte de la prensa reclama que se investigue "a los dos lados, sin tener en cuenta la relevancia de los crímenes cometidos desde el Estado contra la población en un régimen ilegal".

Según el diplomático Pinheiro, la documentación militar encontrada en los archivos por la Comisión de la Verdad coloca en duda la teoría de los dos demonios y el argumento castrense de que el golpe sirvió para poner fin a la avanzada comunista.

Estados Unidos fue un activo apoyador de la caída del presidente Goulart, quien recibió durante su mandato a Ernesto Che Guevara. "En el 64 ocurrían torturas, que nadie se equivoque, no fue en el 68", dijo el coordinador Pinheiro.

Es que en 1968 el dictador Emilio Garrastazú Médici determinó el Acto Institucional-5 en el que oficializaba la represión política y la censura previa.

La Comisión acusó a la Marina brasileña de haber mentido en democracia, en 1993, ante el presidente Itamar Franco, fallecido el año pasado, sobre la muerte de 12 personas.

En 1972 la Marina había declarado asesinadas por agentes de la dictadura a 12 personas, entre ellas el diputado Rubens Paiva, pero en 1993 entregó a un presidente constitucional documentos adulterados que indicaban que esas personas estaban desaparecidas, de acuerdo con la comisión.

"Las Fuerzas Armadas deben entender -dijo María Rita Kehl- que la mancha que tienen es por haber participado de la dictadura y no porque algunos de sus miembros en un período histórico están siendo investigados".

Hace un año, los jefes de las tres Fuerzas Armadas brasileñas estuvieron presentes en la ceremonia de la creación de la Comisión de la Verdad por parte de Dilma Rousseff.

Visiblemente incómodos, bajo los flashes y la presión de gran parte de los militares retirados que rechazan a la presidenta, son  los únicos que han esquivado las miradas de los que reclaman justicia a 49 años de un golpe de Estado que sigue impune.