El proyecto de ley que penaliza el delito de terrorismo en Brasil fue aprobado en el Senado con modificaciones, lo cual motiva su retorno hoy a la Cámara de Diputados para un nuevo análisis.

El texto sancionado tipifica como acto de terrorismo "socavar personas, a través de la violencia o grave amenaza, suscitado por el extremismo político, la intolerancia religiosa o prejuicios raciales, étnicas, de género y xenofóbicos, con el fin de causar un pánico generalizado".

Sancionado anoche con 34 votos a favor y 18 en contra, luego de más de dos horas de discusiones, la propuesta establece penas de entre 16 y 24 años de prisión en régimen cerrado para autores de este tipo de delito.

Se considera igualmente "acto de terrorismo" las agresiones contra las instituciones democráticas, la interrupción de los servicios de comunicaciones, el secuestro de aviones, los atentados con bombas o el uso de gas de material tóxico y radiológico en los edificios y lugares con grandes concentraciones de personas.

Las sanciones podrán incrementarse hasta 30 años de privación de libertad si se comprueba la muerte de personas o el apoyo de gobiernos extranjeros u organizaciones criminales internacionales en la ejecución de estos crímenes.

Varios senadores manifestaron preocupación de que los movimientos sociales y las movilizaciones en reclamo de derechos en general se pueden caracterizar como extremismo político y sus actos tipificados como terroristas.

"Este proyecto vulnera la lucha social en nuestro país", alertó el senador Randolfe Rodrigues, del partido Red de Sustentabilidad (RED).

Varias enmiendas al texto que sugerían no tipificar las protestas de grupos sociales como actos de terrorismo fueron desechadas, pues no recibieron el respaldo de la mayoría de los senadores.

Sólo fue aceptada una recomendación que pedía incluir en el concepto de terrorismo político los atentados contra el Estado Democrático, con el fin de poner en peligro el funcionamiento de sus instituciones. (I)