El gobierno de Brasil anunció una serie de proyectos de ley para atacar la corrupción en los distintos estratos de la administración pública, un mal endémico que fue descrito esta semana como "una señora que tiene muchos años" por la presidenta Dilma Rousseff.

Tres días después de una ola de multitudinarias marchas contra el gobierno y la confabulación en la estatal Petrobras, que involucra a corporaciones, funcionarios públicos y partidos políticos, Rousseff lanzó un paquete para atender este reclamo generalizado de la sociedad.

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Algunas de las propuestas ya habían comenzado a recorrer distintos niveles de tratamiento legislativo, pero no están vigentes aún.

1. Criminalización de la llamada "caja 2"

Endurece la pena por el delito de ocultamiento o la adulteración de información ante los organismos de fiscalización electoral con el fin de esconder el origen, destino o aplicación de valores, bienes y servicios en los partidos políticos o las campañas proselitistas. Pena de 3 a 6 años.

Criminalización del ocultamiento o disimulación del origen, la localización y los movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes que están prohibidas por la legislación vigente. Pena: de 3 a 10 años.

Extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, como a los partidos políticos. La multa prevista es de 5 a 10 veces el valor donado y no declarado.

2. Confiscación de bienes producto de actividades delictivas

Estipula la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa, o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. Exigirá también una enmienda constitucional.

3. Pedido de urgencia para permitir la enajenación anticipada de bienes

El gobierno pidió la tramitación urgente de un proyecto de ley (ya en el Congreso) que alcanza a los bienes sobre los cuales haya indicios o pruebas de que son producto de una acción ilegal. La indisponibilidad de los bienes puede servir para reparar los daños causados, pagar multas y costos derivados o para la mera preservación de su valor. Podrá ser levantada en caso de absolución o suspensión del proceso.

4. Extensión de la aplicación de la llamada "ficha limpia"

Exige la extensión de ese criterio para todos los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente, la "ficha limpia" imposibilita que puedan postularse por ocho años (duración del mandato de un senador) políticos que hayan sido condenados en procesos criminales.

5. Tipificación del enriquecimiento ilícito

Castiga la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de 3 a 8 años.

6. Reglamentación de la ley anticorrupción

Instala la adopción de programas para empresas privadas que contemplen códigos de ética y políticas para detectar desvíos contra la administración pública. Contempla sanciones como multas y prohibición de contratación. Las multas serán del 0,1 al 20% y surgirán de una ecuación que se aplicará sobre la facturación bruta. La ley anticorrupción fue aprobada en la legislatura pasada y busca procesar a empresas privadas que cometan actos ilícitos contra la administración pública.

7. Creación de un grupo de trabajo entre los poderes

Prevé la recepción de propuestas para agilizar los procesos judiciales relacionados a delitos contra el patrimonio público.