Un caos institucional implosionó en las manos del presidente Michel Temer, quien se ha debilitado con la decisión de un juez de la Corte Suprema de apartar del cargo al presidente del Senado, Renán Calheiros, procesado por corrupción.

Pero el Senado desobedeció la orden judicial y su mesa directiva respaldó a Calheiros, quien dijo que “debe haber división de poderes” y que la “democracia brasileña no puede tener este final”, aumentando el conflicto institucional.

El clima en Brasil es de tensión total entre los poderes, todos alineados en su momento para legalizar la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, pero ahora, mientras se agudiza la crisis económica y se planea congelar el gasto público por 20 años, cada uno corre hacia su rincón.

Calheiros, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer, fue apartado por el juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), que consideró que por estar procesado por corrupción no puede ocupar un lugar en la línea sucesoria del país.

Mello aceptó un pedido el partido Rede, de la excandidata ambientalista Marina Silva, para apartar a Calheiros.

Aquello fue dinamita para Temer porque el 13 de diciembre está prevista la votación de la enmienda constitucional que decidirá un modelo neoliberal por 20 años, una medida inédita en el mundo que inauguraría Brasil para atraer al mercado financiero.

“Vivimos una crisis institucional grave”, indicó el senador Viana, quien ahora podría ser el responsable de detener la agenda del oficialismo, sobre todo el ajuste, que es resistido en las calles por los movimientos sociales.

Un juez de la corte alineado con los conservadores aliados de Temer, Gilmar Mendes, llegó a sugerir el juicio político del juez Mello por haber apartado al senador Calheiros antes del gran ajuste.

Al mismo tiempo, Temer anunció el envío al Congreso de la reforma jubilatoria, en la cual se necesitarán 25 y no 15 años para ganar algún beneficio. Si se quiere cobrar integralmente la jubilación, un brasileño deberá trabajar 49 años registrados. También se aumentó de 60 años a 65 la edad para las mujeres. Eso sí, quedaron fuera los militares y sus familiares, sostenes de las manifestaciones que fueron el germen de la caída de Rousseff. (I)