En la reanudación del juicio en su contra por pretender averiguar el paradero de las más de 100 mil desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen franquista, el juez Baltazar Garzón negó ante el Tribunal Supremo (TS) haber vulnerado la Ley de Amnistía de 1977.

A juicio del conocido magistrado, esa norma se refiere a hechos políticos, y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes contra la humanidad puedan tener esa naturaleza.

"Son hechos delictivos y no políticos", remarcó el juez, quien en mayo de 2010 fue suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional (AN) por declararse competente para investigar las desapariciones en la citada época, sin supuestamente tener jurisdicción para hacerlo.

Como juez de instrucción de la AN, Garzón se declaró en 2008 apto para indagar esos hechos, tras las denuncias presentadas por numerosas asociaciones de familiares de las víctimas del franquismo.

En su auto, atribuyó a Franco y a otros 34 jefes la rebelión contra el Gobierno de la República en 1936 un plan de exterminio sistemático de sus oponentes, y denunció que los hechos no habían sido investigados nunca por la Justicia española.

Por esta causa, Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación formulada por la acusación popular, que ejercen de manera conjunta el sindicato de extrema derecha Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraconservador.

El magistrado testificó este martes ante el TS, que minutos antes desestimó la nulidad del proceso iniciado en su contra por presunta prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta), solicitada por la defensa y la fiscalía.

Recordó que las denuncias presentadas en su juzgado a partir de 2006 por las asociaciones de memoria histórica y varios particulares describían un plan preconcebido y sistemático de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y torturas.

"Todas las acusaciones encajaban en el delito de crímenes contra la humanidad", insistió.

Justificó su proceder al considerar que no existía prescripción de los delitos, pues se trataba de desapariciones y ejecuciones cuyos efectos son permanentes mientras no aparezca la víctima.

"Hice lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías, cada juez tendrá la suya (...), pero aquí había cientos y cientos de víctimas que buscaban reparación", indicó, tras aseverar que con este caso no buscaba notoriedad o publicidad alguna.

Cientos de personas se concentraron este martes frente a la sede del alto tribunal para mostrar su apoyo al juez que ganó fama internacional por sus intentos de procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet./PL