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Autoridad regional teme que se desborde la violencia en Madre de Dios

Autoridad regional teme que se desborde la violencia en Madre de Dios
14 de marzo de 2012 - 21:24

Lima.-

El presidente de la región peruana de Madre de Dios, Luis Aguirre Pastor, advirtió hoy que hay más de 10.000 manifestantes dispuestos a seguir mañana las protestas en las que hoy murieron tres personas.

Aguirre Pastor dijo al canal N que los mineros ilegales que hoy se enfrentaron a la policía están volviendo a colocar piquetes en las carreteras y a reunirse en torno a una estación petrolera de la empresa estatal PetroPerú.

La autoridad regional teme que mañana haya un "desborde" de violencia mayor a la de hoy, en la que murieron tres personas y hubo 60 detenidos, porque "la cantidad de policías es insuficiente".

Efe constató a media tarde de hoy, miércoles, la partida de al menos un centenar de policías de intervención desde el aeropuerto de Lima en un vuelo militar para reforzar los cerca de doscientos efectivos que reprimieron las protestas en Madre de Dios.

Aguirre Pastor informó que al menos dos de los fallecidos recibieron impactos de bala y que un policía perdió un ojo como consecuencia de las heridas sufridas durante los enfrentamientos en las calles de Puerto Maldonado, la capital regional.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos han causado 27 heridos civiles y 17 policías lesionados.

El presidente regional agregó que está a la espera de un avión militar para que traslade a los heridos más graves a Lima.

Los mineros atacaron locales públicos y privados e incluso intentaron tomar el aeropuerto de Puerto Maldonado, según informó a Efe la Defensoría del Pueblo.

La protesta en Madre de Dios fue secundada por miles de mineros ilegales en las regiones La Libertad, Piura, Apurímac y Puno, donde se reportó el bloqueo de carreteras, aunque no hubo enfrentamientos con la policía.

Los mineros ilegales protestan contra la inminente entrada en vigor de una ley que penaliza con cárcel sus actividades si no regularizan su situación -formalizarse, según la terminología de la ley-, lo que teóricamente implica control medioambiental y pago de impuestos.

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