España, convaleciente de los atentados yihadistas que dejaron 16 muertos en Cataluña, enfrenta a partir de este miércoles su peor crisis política en 40 años precisamente en esa región, donde los independentistas están decididos a desafiar al gobierno con un referéndum de autodeterminación.

El parlamento catalán abrió a las 10H00 de la mañana una sesión en la que se espera adopte una ley que permitirá convocar un referéndum para determinar si Cataluña, región mediterránea de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española), debe convertirse en un "Estado independiente en forma de república".

La consulta está prevista el 1 de octubre, y en principio la ley no tendrá problemas para salir adelante, ya que los independentistas son mayoritarios en la cámara.

Acto seguido, se espera que el gobierno regional catalán firme el decreto de convocatoria del referéndum.

Los independentistas harán así caso omiso del Tribunal Constitucional, que ha declarado ilegal dicha consulta.

Este miércoles por la mañana, un hombre lucía cerca del Parlamento catalán en Barcelona una gran pancarta, en la que se podía leer en inglés, francés y alemán el lema "Libertad para Cataluña".

Cerca de allí, otro grupo de personas mostraba una pancarta contra el referéndum y la consigna "estafa antidemocrática", una expresión empleada por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Cataluña, por décadas e incluso siglos escenario de corrientes de rechazo a la autoridad de la Corona y de Madrid, experimenta desde los años 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.

La anulación parcial en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 le otorgaba el título de "nación" fue el desencadenante.

Años más tarde, el gobierno de esta región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España, prometió finalmente impulsarla hacia la independencia, especialmente tras la victoria en septiembre de 2015 de una mayoría separatista.

Rajoy lanzó un intento de "operación diálogo", prometiendo nuevas inversiones en la región, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.

La opinión pública de la región está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.

"La situación genera inquietud. No sabemos qué pasará, la discusión entre gobiernos ha ido subiendo de tono y no sabemos como reaccionará el gobierno español. Lo veo capaz de hacer de todo para impedir el referéndum", comentaba Ramon Sanmartín, ingeniero industrial jubilado de 67 años mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, donde esta el Parlamento.

"Espero que se apruebe la ley, es la ilusión que tengo. Y espero sobre todo que respeten esta ley y nos dejen votar"

Rajoy y la jerarquía judicial española repiten que el destino de una región solo puede decidirlo el conjunto del pueblo español.

Por su lado, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, anunció que recusará a los miembros del Tribunal Constitucional, en un intento por impedir que estos adopten medidas sancionadoras en su contra.

El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta no vinculante también prohibida por la justicia en la que participaron 2,3 millones de personas, dando una amplia victoria al "sí".

Ahora, ha decidido ir hasta el final, y declarar la independencia en pocos días si gana otra vez el "sí".

Pese a no haber conseguido el apoyo de ninguna gran nación europea y menos de la UE, los independentistas esperan que ante los hechos consumados, los apoyos "van a empezar a llegar".

Pero antes del día clave, aún faltan tres largas semanas en las que el gobierno central tratará de bloquear el voto y los independentistas de conseguir su propósito, movilizando a su bando, ambos en nombre de "la democracia".

Por la consulta de 2014, once antiguos dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente regional Artur Mas, deberán abonar 5 millones de euros al Tribunal de Cuentas de Madrid, según se conoció este martes, una decisión que a juicio de Puigdemont hace parte de un plan para infundir "miedo" en sus filas antes del choque. (I)