El borrador del capítulo ambiental del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) no define medidas estrictas para la protección de los recursos naturales, deja de lado acciones contra el cambio climático y pretende que no se utilice el medio ambiente como barrera comercial, según información filtrada por Wikileaks.

De lo que se desprende del documento, entregado por Wikileaks a tres medios, entre ellos a La Jornada, el ATP dejaría a los gobiernos integrantes las decisiones en materia ambiental, de acuerdo con sus leyes nacionales y los acuerdos internacionales que han suscrito, sin definir estándares específicos para la protección ambiental. Ello contrasta con los estrictos mecanismos fijados en el capítulo de propiedad intelectual, en los cuales se establece un panel internacional para dirimir las disputas, cuyas decisiones deberán ser acatadas por las partes del acuerdo, aun si contravienen sus legislaciones locales.

Julian Assange, fundador de Wikileaks, opinó sobre el documento: “Se esperaba que el capítulo ambiental del ATP fuera un amistoso endulzante público que compensaría lo amargo del resto del texto, pero es un ejercicio de relaciones públicas sin dientes. Al compararlo con el capítulo de propiedad intelectual, que manda sanciones penales y otras intervenciones, queda claro que las mayores empresas estadounidenses continúan mandando en la negociación del ATP”, concluyó.

El documento confirma que para Estados Unidos la biodiversidad y el cambio climático –que forman parte del acuerdo– no son temas prioritarios. A esto se suma la posición negativa estadunidense de ratificar el Protocolo de Kyoto, que incluía compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Es vergonzoso que los países se hayan puesto de acuerdo para permitir (esto), y sin embargo no puedan ponerse de acuerdo en la aplicación básica de reglas ambientales”, dijo a La Jornada Ilana Solomon, directora del programa de Comercio Responsable, de Sierra Club, una de las más importantes organizaciones ambientalistas a escala internacional.

Los países que negocian el ATP son México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales generan el 35 por ciento de la producción mundial.