La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició ayer un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional oficialista.

En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un golpe de Estado contra el Legislativo, prácticamente atado de manos, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y anuló todas sus decisiones.

Los alrededores del hemiciclo fueron militarizados, luego de que el martes una protesta opositora que reunió a 1.000 personas degeneró en actos de violencia que, según la oposición, dejaron medio centenar de heridos -uno baleado- y una docena de detenidos.

La bancada opositora acordó comenzar el proceso contra los jueces, a los que acusa de haber perpetrado un ‘golpe’ después de que fueran más lejos la semana pasada al emitir dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados.

En medio de denuncias de quiebre democrático y el fuerte rechazo internacional, la corte -acusada de servir al presidente del país, Nicolás Maduro- anuló los fallos parcialmente el sábado.

En tanto, ayer estudiantes universitarios y policías se enfrentaron durante una protesta en la ciudad venezolana de San Cristóbal (frontera oeste con Colombia), con saldo de al menos una docena de heridos.

Para hoy está convocada una manifestación en Caracas. Las realizadas desde el lunes han pasado factura a los diputados opositores: Juan Guaidó llegó ayer con un brazo enyesado y Juan Requesens con varios puntos de sutura en la frente.

Paralelamente, la canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció ayer la maniobra injerencista por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los asuntos internos de su país, durante la sesión ordinaria del organismo. (I)