Artur Mas (foto), expresidente del Gobierno catalán, asumió ayer ante la justicia la responsabilidad política de organizar el 9 de noviembre de 2014 (9-N) una consulta sobre la independencia de esta región española prohibida por el Tribunal Constitucional.

En un ambiente agitado, con centenares de banderas independentistas ondeando frente al Palacio de Justicia de Barcelona, Mas se definió como “el máximo responsable” de esa votación, pero defendió su legitimidad y legalidad.

“No fue un capricho individual (...), fue la consecuencia de acuerdos y mandatos explícitos y reiterados del Parlamento de Cataluña”, dijo en su declaración ante el juez, en la que solo respondió a su abogado.

Presidente de esta rica región entre 2010 y 2016, Mas está acusado de desobediencia grave y prevaricación por esta votación sin efectos jurídicos del 9 de noviembre de 2014 que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía reclama para él 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La exvicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau, encargada del departamento de Educación, también juzgadas, se arriesgan a pasar nueve años alejadas de la función pública.

Cinco días antes de la votación, el Tribunal Constitucional había reclamado su suspensión atendiendo un recurso de última hora del gobierno conservador español de Mariano Rajoy, que se opone a la secesión. Pero el Ejecutivo catalán continuó con los preparativos y desarrollo del proceso.

Y así fue: 2,3 millones de catalanes votaron en esa consulta prohibida, el 80% de ellos a favor de la independencia.

Con mayoría absoluta en el Parlamento regional desde 2015, los independentistas quieren organizarlo igualmente en septiembre y hacerlo vinculante. (I)

Fiscal considera innecesario citar a Mariano Rajoy

El fiscal Emilio Sánchez Ulled se opuso a la petición formulada por la defensa en el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas por organizar la consulta del 9-N para que declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El magistrado argumentó que los testimonios de ambos funcionarios son “absolutamente innecesarios” para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. (I)